Urge proteger a periodistas en México: ONU, CIDH

    • Durante la visita realizada entre el 27 de noviembre y 4 de diciembre, David Kaye y Edison Lanza Relatores de la ONU y CIDH, se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil de 21 estados del país, y dieron seguimiento a las recomendaciones emitidas por sus predecesores en 2010 y evaluaron el progreso de las mismas
    • Coincidieron también en señalar que México debe adoptar “pasos audaces” para abordar la violencia y el hostigamiento en contra de los periodistas.
  • Asimismo, señalan que México es un país peor que Siria para ejercer el periodismo y que no existen garantías y la protección es limitada y en veces revictimizante en el tema de desplazados.

Ciudad De México.- Los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, consideraron que la situación que prevalece en el medio periodístico en el país, es caótica, a lo que urge, tomar medidas serias y sólidas en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión.

Durante su visita a México, Edison Lanza y David Kaye, Relatores Especiales de la ONU sobre la Libertad de Expresión, visitaron cinco entidades federativas en las que se entrevistaron con más de 250 periodistas.

En conferencia en la Ciudad de México revelaron que luego de las visitas que realizaron en el país, concluyeron en que México enfrenta una grave crisis que, a los derechos humanos de su gente, sobre todo, a quienes ejercen la Libertad de Expresión en sus distintas formas.

Durante su misión en México, los relatores visitaron a funcionarios de Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y la Ciudad de México.
El objetivo de esta visita fue evaluar la libertad de expresión en el país en específico; y como un asunto de primera importancia, la seguridad de los periodistas. Se realiza en seguimiento a las recomendaciones que en 2010 hicieron los relatores Frank La Rue y Catalina Botero.

Periodistas desplazados y
revictimización de instituciones

Sobre este tema, señalaron que: “Pese a estas instancias (la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y el mecanismo de protección a periodistas), la situación de violencia no se ha mitigado, por el contrario, los últimos dos años han sido más complicados para la prensa”, señaló Edison Lanza.

Reconoció que, desde la última visita, se han construido instituciones importantes y que en algunos casos son positivas para la protección de los periodistas como el mecanismo de protección a nivel Federal el cual tiene protegidos a 130 periodistas y 15 que han sido desplazados.

Señaló que en cuanto al mecanismo de protección es necesario aprobar una ley nacional que “termine por remover esos obstáculos que muchas veces se presentan entre el nivel federal y el nivel nacional. El nivel federal otorga una medida de protección a los periodistas, y cuando se va a implementar a nivel nacional se hace en forma deficiente y no hay coordinación; falta una debida integración de esas dos entidades para que sea efectiva la protección y no sea una mera declaración. Creemos que una ley nacional que obligue a los estados a tener más enlaces, no más mecanismos (estatales) porque creemos que con el federal es suficiente”, señaló.

“Durante nuestra semana en México, escuchamos historias repetidas de asesinatos y desapariciones, ataques físicos y psicológicos en contra de los medios y otras formas de interferencia designados no sólo para dañar a los periodistas como individuos sino el derecho del público a saber y además los que buscan ayuda son revictimizados por las instituciones”

Por otra parte, David Kaye, señalo que el crimen organizado, se ha infiltrado profundamente en la vida pública del país, especialmente a nivel de los estados y municipios, como escuchamos de docenas de funcionarios gubernamentales, periodistas y organizaciones no gubernamentales.

Reconoció que, además del uso de violencia en todas sus formas, los actores criminales y autoridades públicas intentan coptar a los periodistas para sus fines e imponer información favorable para los cárteles o en contra de sus enemigos.

“El crimen organizado ha generado maneras híbridas de interferir con el periodismo, generando división y desconfianza entre los periodistas y entre periodistas y funcionarios locales, en sí, un periodista nunca sabe que territorio está pisando”

Con esta situación, agregó, el Gobierno ha reconocido los problemas, pero no han asignado los recursos necesarios para construir una plataforma de respaldo, ni demostrar siquiera, voluntad política.

“Reconocemos el progreso en la protección de periodistas a nivel federal, pero incluso la coordinación de esa protección en los estados no es suficiente. Los mecanismos de protección tienen, de forma sorprendente, recursos limitados considerando el contexto de una crisis nacional. Los mecanismos especializados de rendición de cuentas, a nivel federal y estatal, no han entregado resultados, lo que lleva aún aumento en la frustración”

David Kaye señaló que no se trata de dar más dinero a las instituciones, sino hacer que sea una prioridad nacional “que haya una rendición de cuentas y que los autores materiales sean responsables de los crímenes en contra de los periodistas. La otra parte significa mejorar la cantidad de recursos, la capacitación y la posibilidad de que la Feadle (Fiscalía Especializada Contra Delitos de la Libertad de Expresión PGR) realice su trabajo a niveles locales”, señaló.

Medidas para la protección
de periodistas

“México es un país democrático y no puede continuar con esta dinámica de violencia y asesinatos contra periodistas. Cuando se compara con Siria y otros países del Mundo donde hay conflictos y autoritarismo, creemos que en la comparación México sale peor parado porque es una democracia que en muchos sentidos aspira a ser un país desarrollado”, señaló Edison Lanza.

Con estas circunstancias, aclaró, se ha generado desconfianza de los medios y los periodistas hacia las instituciones, y aunque se saluda la existencia de esas instituciones, el compromiso nacional para expandir su ambición y recursos es básico para abordar la plaga de la violencia.

“El marco legal de un país debe llevar a asegurar que la libertad de expresión no sólo se garantiza, sino que no tampoco se crean restricciones arbitrarias o desproporcionadas mediante la adopción de leyes. Varias iniciativas de ley que se discuten actualmente en el Congreso, y la falta de regulación de ciertos aspectos en relación con la libertad de expresión, tienen el potencial para reducir sustancialmente la libertad de expresión en México”

Las recomendaciones que realizaron se centraron en que las autoridades de Gobierno adoptaran las medidas necesarias para asegurar una protección efectiva para los periodistas a nivel nacional qué incluya reformas legales.

Construir mecanismos de protección con recursos suficientes, incrementar el número de analistas de riesgo provistos de condiciones de trabajo y protección adecuadas, así como mantener una comunicación regular entre el mecanismo de protección y los periodistas adheridos al programa para monitoreo y evaluación.

Los Relatores hicieron referencia sobre Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, y otros que se encuentren en una situación similar, para que adopten una serie de medida para prevenir la repetición de agresiones contra periodistas, restaurar la confianza con el gremio periodístico y los medios en dichos estados y consultar a la sociedad civil.

Los medios deberían tener un papel clave en la seguridad de sus periodistas y deberían ofrecer capacitación en seguridad y auto-protección de sus empleados, tanto permanentes como freelancers, proveyendo un equipo de seguridad adecuada, condiciones adecuadas de trabajo y seguro de vida.

“El Estado debería adoptar una serie de medidas para que rindan cuentas al gremio acerca de los crímenes cometidos contra periodistas en la que se prioricen las investigaciones”.

Sobre la Ley de
Seguridad Interior

En un caso apartado, pidieron abstenerse de aprobar la Ley de Seguridad Interior en su versión actual, y en su lugar iniciar un diálogo abierto e integral sobre el modelo de seguridad que el país necesita, reafirmando el papel de las agencias civiles de seguridad al abordar los retos de seguridad pública.

Ninguna ley que contravenga los poderes dados a las autoridades relacionadas con el acceso a la información o los estándares sobre acceso a la información en casos de graves violaciones de derechos humanos debería ser aprobada”

Pidieron al Senado no aprobar la Ley de Seguridad Interior, por considerar que contraviene los estándares en materia de derechos humanos, y a su juicio, no ofrece soluciones de fondo para el problema de la inseguridad.

“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que la ley carece de instrumentos para profesionalizar a las corporaciones civiles de policía, las cuales habitualmente están a cargo de las tareas de seguridad, y en cambio, incrementa las atribuciones de las Fuerzas Armadas, con el riesgo de que puedan cometerse abusos y violaciones a las garantías individuales”.

Indican que a más de diez años de que los cuerpos castrenses en México fueran desplegados para enfrentar a los cárteles del narcotráfico, “la violencia en México no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, apuntaron los relatores.

Entrevista exclusiva: Colectivo de Periodistas Desplazados en México