La única herencia que tenemos del Partido Revolucionario Institucional desde 1993, fueron de pobreza y muerte para Tamaulipas.

El PRI perdió toda su credibilidad, que le quedaba para permanecer en la Presidencia de la República: el hito de la paz social y la transmisión pacífica del poder. El levantamiento armado del EZLN el 1º de enero de ese año, destruyó el discurso priista de que, pese a todo, los gobiernos surgidos de ese partido tenían la clave y el control para contener el conflicto social, para encapsular las manifestaciones más radicales de descontento social. Los indígenas de Chiapas, el sector más marginado y empobrecido de México, evidenciaron que el régimen priista ya no podía mantener la paz social como, en términos generales, afirmaba haberlo hecho desde el nacimiento de su partido en 1929.

Poco después, el 23 de marzo de 1994, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, al PRI se le esfumó el halo de organización infalible para garantizar la transmisión pacífica del poder presidencial entre los distintos grupos que convergen en ese partido. El homicidio de su candidato presidencial mostró, no solo ante la sociedad y el mundo, sino, sobre todo, ante la propia nomenclatura priísta y la clase política en general, que ya no tenía el control de los hilos del poder ni el monopolio de la fuerza y la persuasión para ordenar el acceso al poder, lo cual anunciaba el fin de un ciclo de 70 años.

Ya antes, en 1988, durante las elecciones presidenciales de ese año, al PRI se le incendió la bandera del crecimiento económico sostenido, la movilidad social y la distribución de la riqueza que pregonaba el nacionalismo revolucionario. La crisis económica al final del sexenio de José López Portillo obligó a tomar medidas de una dureza draconiana que empobrecieron a grandes sectores de la población, bloquearon la movilidad social, endeudaron al país y comprometieron la soberanía nacional. A partir de las elecciones presidenciales de 1988, el PRI nunca más volvió a enarbolar la bandera del nacionalismo revolucionario, pero, salvo el efímero experimento del liberalismo social de Carlos Salinas de Gortari, no ha podido construir una narrativa que fundamente y justifique su impulso de ganar y mantener el poder presidencial en México.
En este contexto, la derrota del año 2000 era inevitable. Sin discurso, sin prestigio, sin eficacia, sin respaldo popular y sin legitimidad, el PRI perdió la Presidencia de la República ante la derecha, el partido conservador de México capitalizó el debilitamiento del régimen revolucionario y su partido.

Los doce años fuera del poder y la inoperancia de los gobiernos panistas, en combinación con la falta de vocación de poder de la izquierda, permitieron el regreso del PRI en 2012.

Sin embargo, la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto ha transmitido la idea de que el PRI desestimó deliberadamente reconstruir su rostro, sus prácticas, sus prioridades y sus liturgias, de tal forma que no ha podido responder a la pregunta de para qué quiere el poder, ni ha acreditado ante la sociedad un ánimo sincero de combate a la corrupción y la impunidad. Si bien Peña Nieto y el PRI lograron sacar adelante profundas reformas que van a cambiar al país en las décadas por venir, la impresión que queda es que el gobierno Peñista-Priísta y los grupos de interés que lo rodean de pronto observaron que no podían esperar la llegada de esas décadas de esplendor y decidieron actuar aquí y ahora, para acumular riqueza y poder, sin reparar en que esa dinámica implicaba también la acumulación de desprestigio y rechazo como nunca se había visto hacia un Presidente de la República y su partido.

Hoy el PRI siente que no tiene cara presentable, parece cobrar conciencia de que competir por el voto popular para mantenerse en la Presidencia de la República implica un reto gigantesco ante la desconfianza y franco repudio que despierta en ocho de cada 10 mexicanos.

La nominación de un No-Priísta como su candidato presidencial para las elecciones del 2018, es apenas una de las medidas inéditas que deberá adoptar el PRI en su objetivo de retener el poder. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, decía que, embargado por el profundo miedo de sí mismo o el desconocimiento del otro, en su relación con el mundo el mexicano simulaba ser otra cosa e incluso, en ocasiones extremas, disimulaba: desaparecía, decidía pasar desapercibido, ser invisible al ojo implacable de la otredad. Un poco eso pasa con el PRI del 2018: la simulación ya no es suficiente, simular que es demócrata, íntegro y generoso, ya no alcanza para relacionarse con los otros (con los ciudadanos, porque los otros partidos son prácticamente iguales), no le creen y al simular crece su desprestigio.

Ahora el PRI debe disimular. Ya no tiene discurso creíble ni la aureola de la eficacia, el código genético que dibuja su fisonomía tiene la marca de fuego del desencanto, la decepción y la aversión. Lo mejor, decidió el PRI en noviembre de 2017, es desaparecer sin irse, pasar desapercibido sin dejar de ambicionar el poder, competir negando origen e identidad.

José Antonio Meade es la mejor máscara para disimular. Tiene amplia experiencia en el servicio público de alto nivel y el día de su unción los elogios lo elevaron a la altura de la perfección. Sin embargo, el camino que le espera luce por demás arduo. Con Meade el PRI disimula lo que es, pero obliga al candidato a simular lo que no es: abrazado a los líderes de la CNC, la CTM y la CNOP, sabe que, durante la campaña electoral, tendrá que vestir los ropajes tricolores, deberá expiar las faltas históricas del partido y convencer que el PRI merece otra oportunidad.

Para efectos prácticos, la candidatura de un impecable candidato presidencial No-Priísta significa la muerte del PRI tal y como lo conocimos en la época clásica de los partidos políticos mexicanos (1929-2000: a partir de este período los partidos se alejaron definitivamente de toda idea de inclusión social, integridad y compromiso con el país).

El partido seguirá existiendo, las prerrogativas permanecerán intactas y las posiciones se mantendrán con algunas variaciones a la baja, incluso ganará batallas electorales importantes, pero al decidir negarse a sí mismo en 2018, el PRI no será reconocible y quizás se acostumbre a subrogar la franquicia para llevar al poder a personajes prestigiosos bajo un esquema de división racional de ganancias.

El PRI: Herencia de muerte en Tamaulipas

Los tres últimos gobernadores del PRI en Tamaulipas protagonizaron distintos escándalos durante sus gobiernos; sin embargo, Tomas Yarrington y Eugenio Hernández Flores preservaron la hegemonía del tricolor. Mientras que Egidio Torre Cantú, ultimó la estructura de 86 años para venderla como parte de su vendetta, al enfrentar al PRI que asesino a Rodolfo Torre Cantú, su hermano.

Entre 1999 y 2016, las gestiones de estos tres priistas marcaron a la entidad tamaulipeca. Coincidieron con el llamado “corazón priista” (1996-2009), cuando los principales partidos de oposición comenzaron a gobernar municipios altamente poblados y le quitaron la mayoría absoluta al PRI en el Congreso local. En el mismo lapso, el tricolor recuperó posiciones y los opositores registraron un leve repunte con el famoso 8 de 8 que promovería Ricardo Gamundi Rosas, principal operador priista de Eugenio Hernández (2005-2010).
Algunos de los principales escándalos de estos gobernadores priistas son de corrupción, los cuales abonaron al desgaste de los gobiernos del PRI, y que ahora son un peso con el que arrastraremos por más de 20 años.

Tomas Yarrington Ruvalcaba

Luego de terminar su administración, se encapricho siendo Precandidato a la Presidencia de México Poco después de entregar el poder, en 2006 hubo un grupo en contra del entonces presidente del PRI, Roberto Madrazo Pintado y próximamente candidato a la presidencia de la república, llamado TUCOM (Todos Unidos Con México), el cual, popularmente, sería mejor conocido como “Todos Unidos Contra Madrazo”. Conformado por el entonces coordinador de los Senadores del PRI, Enrique Jackson; el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas; el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington; el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Paras y el ex gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, su objetivo principal era impedir que Roberto Madrazo Pintado obtuviese la candidatura y lanzar como candidato a Arturo Montiel Rojas.

Las acusaciones de Yarrington comenzaron desde noviembre del 2011, cuando el cadáver de un empresario conocido como Alfonso Peña Argüelles fue tirado en una vía pública en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Junto al cadáver se encontró un mensaje firmado por Los Zetas, quienes acusaban al hermano de Peña de haber lavado dinero para Yarrington.

En 30 de enero de 2012, se informó mediante un comunicado que tres ex-gobernadores de Tamaulipas —Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, y Eugenio Hernández Flores— habían estado vinculados con el crimen organizado. Después de un caso judicial en San Antonio, Texas, la agencia estadounidense conocida como la DEA acusó a Yarrington de haber lavado millones de dólares de Los Zetas y el Cártel del Golfo durante su gubernatura. La información se obtuvo después de que Antonio Peña-Argüelles, un supuesto miembro de un cártel de la droga y hermano de Alfonso, declaró que Yarrington tenía lazos fuertes con «varios líderes de Los Zetas.» Además, se le acusó a Yarrington de haber sido cómplice en la matanza de Rodolfo Torre Cantú, el ex-candidato para la gubernatura de Tamaulipas en el 2010, que fue llevado a cabo extraoficialmente por Jorge Eduardo Costilla Sánchez, líder supremo del Cártel del Golfo.

El 12 de mayo de 2012, el gobierno de Estados Unidos presentó sendas solicitudes en San Antonio y Corpus Christi, Texas, para confiscar propiedades de Yarrington que presuntamente fueron adquiridas con dinero del narcotráfico.

Según las denuncias, Yarrington recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga” y de varios esquemas de extorsión o soborno,” para lo cual se valió de terceros para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”.

Además, el gobierno de Estados Unidos pretende confiscar un condominio en la Isla del Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio, Texas.

Se cree que estas propiedades fueron compradas por contratistas que Yarrington solicitó para que estuviesen bajo otro nombre. Asimismo, se presume que el cártel del Golfo lavó dinero en Texas bajo el empresario Francisco Alejando Cano Martínez para después usarlo para pagarle a los políticos tamaulipecos.

Estos sobornos servían para minimizar la intervención policiaca en las actividades ilícitas de dicho cártel, además de las inversiones realizadas a campañas políticas en diferentes municipios de Tamaulipas.

De acuerdo a las investigaciones de la SEIDO, difundidas el 1 de agosto de 2012, Yarrington recibió más de $8.5 millones de dólares para financiar su campaña hacia su gubernatura en 1998.

Los reportes indican que Jesús Vega Sánchez, el ex coordinador de campañas del PRI, se reunió con presuntos miembros del Cártel del Golfo y del Cártel de Juárez para realizar los acuerdos en once pagos separados.

Mediante este acuerdo, el gobierno de Tamaulipas supuestamente permitía que la policía estatal les brindara protección a los narcotraficantes.

En Estados Unidos también hay investigaciones en su contra por los delitos de lavado de dinero y fraude, al menos desde diciembre de 2013.

Según la acusación que se lleva a cabo en EU, Yarrington recibió pagos de narcotraficantes que operaban en el estado fronterizo, entre otros, de miembros del Cártel del Golfo. Según un comunicado de prensa del FBI de diciembre de 2013, supuestamente lo hacía a cambio de “dejarles operar a gran escala” en sus actividades criminales.

Las autoridades estadounidenses también lo vinculan con distintos crímenes después de ser gobernador: en concreto le acusan del tráfico de “grandes cantidades de cocaína” de 2007 a 2009 desde el puerto de Veracruz al sur de Tamaulipas, y del uso de fondos públicos robados.

Por si fuera poco, en 2013 la revista Forbes lo incluyó en la lista de los 10 mexicanos más corruptos, junto a personalidades como Elba Esther Gordillo y Raúl Salinas de Gortari.

El periódico Reforma publicó un artículo el 20 de agosto de 2012 indicando que varios alcaldes de Tamaulipas como Humberto Valdez Richaud, alcaldes de Reynosa de 1999 a 2001 y de 2002 a 2004, y Mario Zolezzi García, edil de Matamoros de 2002 a 2004, recibieron grandes sumas de dinero ilícito del Cártel del Golfo.

La publicación menciona que el cártel del Golfo financió a todos estos alcaldes bajo la supervisión de Yarrington.

El expediente indica que el dinero era un acuerdo para aceptar que el cártel del Golfo escogiera a los jefes policiacos de los municipios correspondientes.
Finalmente, el 28 de agosto, la PGR anunció que había conseguido que se girara una orden de aprehensión contra Tomás Yarrington por delitos contra la salud en su modalidad de fomento.

Esta orden de aprehensión fue turnada también a la Interpol.

El 9 de abril de 2017, Yarrington fue detenido en la ciudad de Florencia, Italia, por elementos de la policía de ese país, dicha captura se ocurrió gracias a los datos contenidos en la ficha roja emitida por Interpol, así como por la cooperación entre autoridades italianas y de EU; en los próximos días será extraditado a México o a los E.U., dependiendo de la decisión que tomen las autoridades italianas.

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Gildo Garza  / Cambio.Press