Interiores / Mochilas, al Congreso

Vuela el tiempo, el lunes primero de octubre, el gobernador CABEZA DE VACA cumple el primer tercio de su administración, dos años.
La entrega formal de su segundo informe tendrá efecto 10 días antes, el viernes 21 de septiembre, en el edificio sede del poder legislativo estatal, junto al rio.
Los 36 integrantes de la asamblea estatal ya fueron convocados para ese día por la junta de coordinación política que preside el diputado de Nuevo Laredo, GLAFIRO SALINAS.
Un día antes, el 20, habrá una sesión extraordinaria que podría ser maratónica si consideramos su agenda de 28 dictámenes pendientes desde julio y agosto. Todos a desahogar.
Al día siguiente, en sesión al mismo tiempo pública, extraordinaria y solemne, viene el segundo informe, ante la legislatura 63, donde FRANCISCO JAVIER hará entrega del documento.
Dirigirá también un discurso ante los miembros de dicho poder y sus invitados. En Tamaulipas, hoy en día, esto es perfectamente posible.
Ello, a diferencia de otras entidades y del Congreso de la Unión, donde ambos eventos (entrega y mensaje) se verifican por separado, en espacios y tiempos distintos.
En el inter, el jefe del Ejecutivo estatal anunció el envío de una muy amplia iniciativa de reformas que busca homologar el marco jurídico relativo a la desaparición forzada y la tortura.
En documento de 52 páginas, CABEZA DE VACA propone crear la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la Unidad para la Investigación de la Tortura.
La primera dependería de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la segunda estaría adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La iniciativa proyecta también renombrar la actual “Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad” que ahora llevaría el título más sustantivo de “Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas”.

ADICIÓN IMPORTANTE
En el mismo ámbito legislativo, el diputado priísta ALEJANDRO ETIENNE LLANO promovió un punto de acuerdo sobre el tema de las mochilas escolares cuyo reparto se suspendió la semana pasada por encontrarse rastros de haber sido fabricadas para el gobierno de Guanajuato.
El Congreso hizo un exhorto para que las secretarías de Educación y Administración, así como la Contraloría Gubernamental y la Fiscalía Anticorrupción, investiguen y deslinden responsabilidades.
La propuesta de ETIENNE atiende los tres aspectos del problema que en días previos fueron señalados dentro de la opinión pública, por medios y redes.
(1) Que la mercancía sea defectuosa, pues se observaron letreros y logotipos ajenos al estado de Tamaulipas.
(2) Que su adquisición comprenda alguna suerte de irregularidad, ante la sospecha de que se trate de saldos o sobrantes, en vez de material nuevo.
(3) Y represente, además, algún riesgo sanitario, pues se tiene noticia de mochilas similares retiradas de la circulación por el gobierno guanajuatense, por rebasar en 14 veces los límites de plomo permitidos por los estándares internacionales para el contacto humano.
Como el lector recordará, el asunto fue tratado en diversos medios regionales y nacionales al cerrar la semana pasada, citando, en calidad de proveedora, a la empresa de Guadalajara, Jalisco, PROMO PAPE DE OCCIDENTE y como fabricante a la compañía GHIGASA COMERCIAL, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Por lo pronto, es una buena noticia que los diputados tomen cartas en el asunto y los funcionarios involucrados expliquen bajo qué condiciones se realizó dicha operación.

MUCHO POR ACLARAR
En nombre de la transparencia, siendo una adquisición masiva de artículos (400 mil es la cifra que manejó el gobernador) con una alta erogación del erario (alrededor de 80 millones), hay razones de sobra para solicitar información sobre las empresas involucradas, ante la posibilidad de un conflicto de interés.
¿Quiénes son los propietarios de PROMO PAPE y GHIGASA?
Máxime cuando existen elementos que nos hablan de una operación hecha con demasiada prisa, como bien lo señala el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) ALEJANDRO CENICEROS, en entrevista con un diario fronterizo.
El argumento de CENICEROS merece ser considerado, cuando dice que la convocatoria de licitación fue emitida apenas el 7 de agosto, las aclaraciones fueron el 10, la apertura de propuestas el 17 de agosto y tan solo unos días después, el 20, dio inicio el ciclo escolar.
Tiempo muy corto para la elaboración de 400 mil mochilas, lo cual apoya la idea de que se trata de mercancía reciclada, saldos, sobrantes, liquidaciones.
El líder petista hizo mención también a la sospecha de que se trate de las mismas mochilas tóxicas incautadas en Guanajuato y nos estén mandando desechos.
Finalmente, es importante recordar que fue una institución científica del gobierno federal la que descubrió el contenido excesivo de plomo en los referidos artículos de Guanajuato.
Nada menos que el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), organismo filial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT).
Amerita, pues, que el Poder Legislativo tamaulipeco convoque al mismo CIATEC para que verifique la toxicidad de las mochilas tamaulipecas. Que CONACYT mismo tome cartas en el asunto.
De su dictamen deben depender la decisión de repartir o regresar la mercancía. También el inevitable deslinde de responsabilidades y las acciones de justicia que el caso amerite. Es la salud de miles de niños lo que está en juego.

BUZÓN: lopezarriaga@gmail.com
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