De acuerdo con la CNDH, en lo va del año 25 personas han sido linchadas y 40 fueron rescatadas de serlo; exhortan destinar más recursos a municipios que requieran atención

La Cámara de Diputados exhortó a los tres niveles de gobierno a implementar estrategias y acciones para evitar que la población lleve a cabo actos de “justicia por propia mano”, como linchamientos.

También para que el Gobierno federal destine, inmediatamente, mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a los municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad.

En un punto de acuerdo avalado por el Pleno, en votación económica, como de urgente resolución, la diputada María Rosete, de Encuentro Social, expuso que durante este año 25 personas han sido linchadas y otros 40 intentos fueron frustrados, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las entidades con mayor número de linchamientos registrados son el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca.

En tribuna, la legisladora promovente consideró alarmante que la población se esté acostumbrando a ver la violencia como parte habitual de la vida diaria, y advirtió que también preocupa que varios linchamientos tienen que ver con algunas noticias y mensajes falsos o rumores ficticios que circulan a través de la red o entre los pobladores.

En su turno, la diputada de Morena, Ana Lilia Guillén Quiroz, resaltó que dicha acción está prohibida en México; sin embargo, castigar esos actos de justicia por propia mano es complicado porque al cometerse en grupo es difícil identificar a quien participa en ellos.

Subrayó que el linchamiento es un delito que pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia y vulnera los derechos de los acusados, afectando el tejido social.

Al fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, respaldó el punto de acuerdo y señaló que desde algún tiempo los linchamientos o los intentos de éste han quebrantado el orden social en diversas regiones del país, “esta práctica es a todas luces condenable y nunca puede ser justificada”.

Por el Partido Acción Nacional, la diputada María Liduvina Sandoval hizo un llamado enérgico para que se tomen las medidas pertinentes para revirar esa situación de inseguridad y de impunidad, y señaló que esa fuerza política saluda la propuesta de reinstalar a nivel federal la Secretaría de Seguridad Pública.

El documento avalado exhorta también al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se diseñe e implemente una estrategia de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano.

Además, llama a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos a garantizar el Estado de derecho y a tomar las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento.