Editorial / Sí son narcoterroristas los incidentes en Nuevo Laredo

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En Nuevo Laredo, el miércoles pasado, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó los bloqueos a carreteras y las balaceras que ocurrieron en esa ciudad del jueves 14 al martes 19 de este mes. El saldo fue de seis sicarios y un soldado muertos.

Dijo, entre otras cosas, que “esa actitud que vimos hace algunos días de bloqueos que se dieron, donde utilizaron los vehículos y a los mismos ciudadanos como escudos, donde hubo violencia directa a los ciudadanos que terminaron en el hospital, no es otro síntoma más que de narcoterrorismo (…) Es un comportamiento de narcoterrorismo”.

El jueves 21, el presidente Andrés Manuel López Obrador evadió responder las dos veces que se le cuestionó sobre el asunto y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que haya terrorismo en el país.

Curiosamente, el mismo día en que el gobernador aseguró que en su estado hay narcoterrorismo, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), una ONG con sede en Sidney (Australia), difundió su Índice Global de Terrorismo 2019 (GTI, por su sigla en inglés), el cual midió el impacto del terrorismo en 163 países durante el 2018.

Para que el IEP lo considere terrorista, un incidente debe presentar las siguientes características:

“1. Debe ser intencional: el resultado de un cálculo consciente por parte de un perpetrador. 2. Debe implicar cierto nivel de violencia o amenaza de violencia, incluido el daño a la propiedad y la violencia contra las personas. 3. Los autores de los incidentes deben ser actores subnacionales”. Además, debe cumplir dos de los siguientes tres criterios:

“1. El acto violento tenía como objetivo alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social. 2. El acto violento incluyó evidencia de una intención de coaccionar, intimidar o transmitir algún otro mensaje a un público más amplio que no sea a las víctimas inmediatas. 3. El acto violento estaba fuera de los preceptos del derecho internacional humanitario”.

Al referirse a México, el GTI 2019 indica:

“México registró un aumento de 58% de actos terroristas en el 2018, con un aumento notable en los ataques contra políticos. Hubo 22 ataques terroristas el año pasado, con un total de 19 muertes (…) Las elecciones del 2018 en México fueron particularmente violentas, con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el periodo de la campaña. El terrorismo en México generalmente ha sido contra periodistas y medios de comunicación, y estos ataques representan 25% de los 122 ataques registrados desde el 2002”.

En el GTI 2019, que califica de cero a 10 el impacto del terrorismo en cada país (donde cero es la inexistencia de actos terroristas y 10 la situación opuesta), México ocupa el lugar 48 con una calificación de 4.08. Esto significa que hay 115 países en mejor situación que el nuestro; sólo 26 obtuvieron un cero de calificación.

Lo ocurrido en Nuevo Laredo cumple con los criterios y características del IEP arriba anotados y también con la definición de lo que constituye un acto de terrorismo que se anota en el artículo 139 del Código Penal Federal.

Con base en lo anterior, García Cabeza de Vaca no se equivocó al calificar como terroristas los incidentes que durante varios días aterrorizaron a los neolaredenses.

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