En un giro sin precedentes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ocho ministros, entre ellos la presidenta Norma Piña, están listos para presentar su renuncia este martes. La dimisión colectiva responde a un contundente rechazo a la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, misma que no solo pretende modificar la estructura del poder judicial, sino también someter a elección pública el puesto de los juzgadores en 2025. Esta decisión marca una ruptura frontal entre el máximo órgano de justicia en el país y el Ejecutivo, en un contexto de tensión creciente.
Los ministros que han decidido retirarse son figuras de gran peso en la SCJN: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Su postura es clara: rechazan una reforma que, desde su perspectiva, pone en riesgo la independencia judicial y compromete la dignidad del cargo. La ministra Ríos Farjat, quien previamente había anticipado su preferencia por renunciar a su pensión antes que ceder a una imposición, expresó que «prefiere perder su pensión a enfrentar una situación que no deja espacio a la dignidad».
A pesar de las señales de inconformidad, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, afines a la administración de la Cuarta Transformación, reafirmaron su disposición para participar en la elección de los nuevos juzgadores, programada para el primer domingo de 2025. Esta postura ha sido respaldada desde el Senado por su presidente Gerardo Fernández Noroña, quien negó que existiera una renuncia masiva. Según Noroña, los ministros simplemente «declinan participar en la elección de 2025», y puntualizó que seguirán en sus cargos hasta agosto de 2025, salvo el caso del ministro Luis María Aguilar Morales, cuyo periodo culminará en noviembre de este año.
Esta renuncia sin precedentes en la SCJN no solo representa un acto de protesta, sino también un enfrentamiento directo contra una reforma que, en palabras de varios expertos y críticos, amenaza con socavar el principio de independencia judicial. La pregunta que flota en el aire es si esta reforma realmente busca fortalecer el acceso a la justicia para los ciudadanos o si persigue consolidar el control de la administración actual sobre las instituciones del Estado. En cualquier caso, el poder judicial enfrenta una crisis que redefinirá su papel en la vida pública del país.
