San Luis Potosí.- La figura de Enrique Galindo Ceballos, actual alcalde de San Luis Potosí y exjefe de la Policía Federal, está envuelta en una compleja red de señalamientos sobre presuntos vínculos con Genaro García Luna y esquemas de corrupción que comprometen su administración y cuestionan su papel en el sistema de seguridad pública en México.
Su relación con García Luna, quien actualmente enfrenta cargos en Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa, pone a Galindo en una posición crítica, especialmente ante la revelación de Sergio Villarreal “El Grande”, quien declaró que altos mandos de la Policía Federal recibían sobornos del cártel a cambio de protección. Como jefe de la Policía Federal en el periodo de Peña Nieto, Galindo habría tenido un rol clave en las estrategias de seguridad, incluidas las operaciones polémicas y violentas, como el caso Tanhuato en 2015, donde se documentaron graves violaciones a los derechos humanos en forma de ejecuciones extrajudiciales. Este evento puso en evidencia los métodos de la Policía Federal y la impunidad de sus altos mandos.
Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga propiedades de lujo y millonarias transacciones que involucran a exfuncionarios ligados a García Luna, exponiendo una red de inversiones y adquisiciones que vincula a antiguos colaboradores de la administración de Peña Nieto. Mientras tanto, Galindo ha logrado resguardar su influencia política en San Luis Potosí, desempeñándose como alcalde pese a las acusaciones y la creciente presión de la opinión pública. Sin embargo, la falta de investigaciones judiciales en su contra señala una aparente falla en el sistema de justicia mexicano, dejando sin respuesta preguntas sobre la profundidad de sus nexos y la responsabilidad que podría tener en los presuntos actos de corrupción y abuso de poder.
Este caso refleja la tensión entre la política local y el alcance de la justicia, ya que figuras clave, como Galindo, continúan ocupando puestos de poder mientras se les señala como parte de una estructura de impunidad. La persistente crisis de seguridad en San Luis Potosí, junto con los problemas de gestión y los cuestionamientos éticos, suman presión sobre la administración de Galindo, evidenciando la influencia que estos vínculos pasados parecen mantener en las instituciones de gobierno locales y en los sistemas de justicia.