Este martes se espera una histórica renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes declinarán tanto su cargo como su facultad de participar en la elección de nuevos jueces programada para junio de 2025. Entre los ministros que abandonarán la Corte se encuentran la ministra presidenta Norma Piña y figuras clave como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos Farjat. Este acto masivo de renuncia es una manifestación de oposición a la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada recientemente en septiembre.
La medida, impulsada por el gobierno de la 4T, establece que los ministros que renuncien antes de la elección de 2025 no recibirán el “haber por retiro” que suele asignarse. La ministra Ríos Farjat ya había expresado su postura en septiembre, prefiriendo abandonar la pensión a enfrentar un sistema que, según ella, «no deja espacio a la dignidad personal».
La reforma ha generado divisiones dentro de la Suprema Corte, evidenciadas por el contraste entre los ministros que abandonan sus cargos y las ministras afines a la 4T, como Lenia Batres y Loretta Ortiz, quienes anunciaron su intención de participar en la elección de nuevos juzgadores. Este proceso de selección programado para 2025 abre una nueva etapa en la Corte, con posiciones claves que quedarán vacantes y una creciente incertidumbre sobre el rumbo que tomará la institución.
A pesar del clima de tensión, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aseguró en redes sociales que no existe tal renuncia en masa y aclaró que los ministros se mantendrán en sus cargos hasta agosto de 2025, salvo algunas excepciones. Sin embargo, la declinación de ocho ministros a participar en la elección plantea preguntas sobre la futura estructura y autonomía del Poder Judicial en un país que enfrenta un panorama incierto en materia de justicia y respeto a los derechos humanos.
Esta renuncia colectiva y el rechazo a participar en la próxima elección representan un momento crítico en la historia reciente de la SCJN y, más aún, un claro mensaje sobre el deterioro institucional que, según especialistas, podría derivarse de reformas que comprometen la independencia judicial.
