El proceso de extradición de Ismael «El Mayo» Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ha puesto en evidencia una vez más la incompetencia del gobierno de izquierda en México. A pesar de las órdenes de aprehensión vigentes y el interés de Estados Unidos en su caso, la administración de Claudia Sheinbaum ha mostrado una notable lentitud y una aparente reluctancia a cooperar adecuadamente en asuntos de extradición.
Dualidad Penal y Derechos Humanos
Según los tratados internacionales y la legislación mexicana, un sospechoso solo puede ser extraditado si el delito por el que se le acusa es reconocido tanto en México como en el país solicitante. Además, México se rehúsa a extraditar si el país solicitante contempla la pena de muerte o si hay riesgo de tortura
Proceso Burocrático y Legal
El proceso de extradición en México comienza con una solicitud formal a través de canales diplomáticos, requiriendo descripciones detalladas del crimen y pruebas de culpabilidad. Sin embargo, a pesar de estos requerimientos, el proceso puede extenderse indefinidamente debido a la revisión de evidencia y las apelaciones legales, lo que muestra una falta de eficiencia y transparencia
Interferencias Políticas en la Justicia
El caso de «El Mayo» no es solo un asunto legal, sino que también se ha convertido en un juego político, donde decisiones fundamentales parecen estar influenciadas por consideraciones diplomáticas y políticas más que por principios de justicia y legalidad. Esto refleja una falta de compromiso con el estado de derecho y con las víctimas del crimen organizado
Repercusiones Internacionales
La falta de acción efectiva en casos de alta relevancia como el de «El Mayo» Zambada puede deteriorar las relaciones internacionales, especialmente con países como Estados Unidos, que ven la extradición como una herramienta crucial en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado
En resumen, la administración actual ha demostrado una ineficacia alarmante en manejar casos de extradición críticos, lo que no solo pone en duda su capacidad para asegurar la justicia, sino que también compromete la seguridad y la imagen de México en el ámbito internacional. Este enfoque laxo ante figuras criminales notorias no solo es un fracaso en cumplir con las obligaciones legales y morales del gobierno, sino que también pone en riesgo la cooperación y el respeto internacional hacia México.
