El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, condenó públicamente el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, ejecutado la tarde del lunes en un ataque armado en la ciudad de Reynosa.
A través de sus canales oficiales, el mandatario expresó su solidaridad con la familia del funcionario federal y reiteró el compromiso de su administración de colaborar plenamente con las autoridades federales para esclarecer los hechos.
“Desde el Gobierno de Tamaulipas condenamos el crimen del Delegado de la FGR en el estado. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición para coadyuvar con la Fiscalía y el Gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz”, escribió Villarreal Anaya en redes sociales.
El atentado ocurrió alrededor de las 19:00 horas del lunes, sobre el bulevar Miguel Hidalgo, una de las vías más transitadas de Reynosa. Según los primeros reportes, Vázquez Reyna se desplazaba en una camioneta Cadillac Escalade negra de modelo reciente cuando fue emboscado y atacado con una granada y ráfagas de armas largas. El vehículo terminó envuelto en llamas.
El delegado de la FGR asumió funciones en Tamaulipas en 2019 y se mantuvo en el cargo durante una de las etapas más complejas para la procuración de justicia en la entidad. Encabezó investigaciones contra bandas del crimen organizado y coordinó operativos con otras instancias del Gobierno Federal y del Estado.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre detenciones o líneas firmes de investigación. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron que la FGR ya atrajo el caso y ha movilizado equipos especiales a la zona para llevar a cabo las indagatorias.
El homicidio de Vázquez Reyna representa un golpe directo al aparato federal de procuración de justicia en una región estratégica para el combate al crimen organizado. Sectores políticos, organizaciones civiles y funcionarios del Gobierno Federal han exigido justicia inmediata y garantías para los servidores públicos que trabajan en condiciones de alto riesgo.
