Baja California es un bastión vital para Morena, que se fundó en la promesa de erradicar la corrupción y los pactos oscuros del pasado. Sin embargo, a tres años de la gubernatura de Marina del Pilar Ávila Olmedo, el estado enfrenta controversias que cuestionan la integridad de sus líderes y amenazan el futuro guinda. Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. vinculan a morenistas con el crimen organizado, mientras lastres nacionales como Adán Augusto López agravan una erosión interna que clama por autocrítica, depuración y movilización auténtica —acciones que parecen inalcanzables para los implicados actuales.
El detonante reciente es la sanción de Estados Unidos contra la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito, acusada de facilitar operaciones de «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa, como extorsiones a cambio de beneficios. La UIF congeló sus cuentas, aunque no implica culpabilidad formal. Brown lo califica de «infamia» opositora y niega notificaciones, habiendo cruzado recientemente a San Diego. Pero no olvidemos que no es una infamia recordar cuando Araceli Brown bebía cerveza y cantaba con trío norteño desde la sede del cabildo en Rosarito.
Inicialmente, Ávila respaldó a Brown, negando motivos para licencia y tildándolo de politización. Aliados como Julieta Ramírez Padilla y Ismael Burgueño Ruiz avalaron su «conducta intachable». Sin embargo, el diputado Ricardo Monreal pidió, reciéntemente, desde la Cámara de Diputados que Brown solicite licencia para aclarar el caso, usándolo para contener disidencias internas en Morena y urgiendo investigar contratos sospechosos.
Ávila asumió las riendas de Baja California en 2021 con votos de transparencia, pero sombras familiares la opacan: ella y su esposo, Carlos Torres, perdieron visas estadounidenses en mayo de 2025 por presuntos vínculos con crimen y corrupción, incluyendo compras dudosas y nexos con huachicol. Similarmente, el esposo de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, enfrenta restricciones fronterizas y su aprobación ha caído drásticamente en encuestas. La gobernadora de Baja California hoy se apropia de los últimos lugares en las encuestas de los mejores gobernadores del país. Un golpe duro para el ego.
El patrón alarma: muchos morenistas locales, como el diputado Danny Fidel Mogollón —quien admitió conocer «narcos con visas»—, han sido señalados por lazos con el crimen. Críticos como César Damián Retes acusan a Morena de «asociaciones brutales con cárteles», y en redes, el descontento pinta al estado como «gobernado por la delincuencia», con Ávila como «figura de adorno». Aspirantes a la gobernatura de Baja California por morena, esos que curiosamnete son apadrinados por la gobernadora y que salen muy posicionados en las encuestas, deben entender que alinearse con esta «madrina» implica heredar toxicidad.
El bajacaliforniano honorario Adan Augusto López, coordinador, agrava la crisis: acusado de redes criminales en Tabasco y el escándalo «La Barredora», su apoyo a Ávila salpica a Ramírez y ciertos tijuanenses, convirtiéndolo en un lastre que frena avances. El proyecto guinda peligra por atrincherarse en defensas que fomentan cinismo, no depuración. Morena puede reconvertirse limpiando la casa. De lo contrario, el electorado fronterizo, harto de promesas rotas, optará por alternativas imperfectas pero creíbles. La 4T en Baja California urge un exorcismo interno para no autodestruirse.
