La “Patrulla Anticorrupción”, anunciada por el diputado morenista Víctor Hugo Romo y la diputada local Cecilia Vadillo, ha generado un debate que trasciende lo político para entrar al terreno jurídico.
En conferencia de prensa, ambos legisladores presentaron el proyecto mostrando logos de Morena, su partido político, en lo que pretendía ser una iniciativa ciudadana. Esa mezcla de símbolos partidistas con recursos públicos no solo erosiona la credibilidad de la propuesta, sino que también abre la puerta a responsabilidades legales.
El artículo 250 del Código Penal Federal tipifica como delito la usurpación de funciones públicas, sancionando a quienes, sin facultades legales, realicen actos reservados a las autoridades. Romo y Vadillo anunciaron que acudirán a establecimientos y construcciones para “verificar” irregularidades, atribución que corresponde a la alcaldía y a la PAOT.
Además, el artículo 223 del Código Penal Federal sanciona el peculado, es decir, el desvío de recursos públicos. El uso de vehículos rotulados como patrullas, la habilitación de una línea de atención y la producción de propaganda con logos partidistas encuadra en esta figura.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (art. 52 y 57) refuerza estas faltas al señalar como abuso de funciones el aprovechamiento del cargo para fines distintos a los de la función pública. Exhibir símbolos de Morena durante el anuncio confirma que se trata de un acto de propaganda política, no de una acción legislativa.
Lejos de combatir la corrupción, los legisladores han abierto un frente de cuestionamientos sobre su propio respeto a la legalidad.
