El partido en el poder en México enfrenta una de las acusaciones más graves de su historia reciente. Documentos presentados en tribunales federales de Estados Unidos, en Texas y Nueva York, señalan al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por triangulación de fondos públicos, operaciones de lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas electorales con recursos provenientes de grupos criminales.
Lo que en un inicio fue tema de rumores y filtraciones mediáticas en 2024, hoy se confirma en expedientes judiciales que detallan cómo redes de empresas fachada y operadores financieros canalizaron millones de dólares hacia estructuras partidistas de Morena.
La denuncia en tribunales estadounidenses
De acuerdo con registros a los que este medio tuvo acceso, la denuncia fue formalizada en diciembre de 2024 por fiscales federales que investigaban operaciones transfronterizas relacionadas con narcotráfico y corrupción política.
En el expediente se señala que compañías establecidas en Texas y Delaware sirvieron como intermediarias en la triangulación de recursos: contratos inflados, obras públicas sobrefacturadas en estados gobernados por Morena y “donaciones” de empresas con antecedentes de vínculos con el crimen organizado.
El dinero, según la investigación, regresaba a México a través de transferencias electrónicas y mecanismos de “facturación espejo”, es decir, servicios inexistentes cobrados en ambos lados de la frontera. Parte de esos recursos habrían terminado en campañas estatales y federales de 2021 y 2023.
Empresas fantasma y operadores políticos
La denuncia cita al menos nueve compañías identificadas como “empresas fachada” y una red de consultorías que operaban bajo contratos de comunicación social, logística y transporte. En realidad, eran vehículos financieros.
Los documentos señalan que operadores políticos vinculados a comités estatales de Morena recibieron transferencias millonarias disfrazadas de “aportaciones para servicios electorales”. En varios casos, se rastrearon depósitos desde cuentas asociadas a prestanombres de cárteles del noreste y del Pacífico.
Un funcionario del Departamento de Justicia consultado bajo condición de anonimato declaró: “El patrón observado en estas operaciones es consistente con esquemas históricos de lavado, pero con un agravante: la canalización sistemática hacia campañas políticas de un partido en funciones de gobierno”.
El antecedente histórico: cuando la corrupción electoral cruza la frontera
No es la primera vez que tribunales de Estados Unidos señalan a partidos mexicanos por financiamiento irregular. En los noventa, investigaciones del caso Raúl Salinas destaparon redes de lavado con destino político. Más tarde, el caso Odebrecht exhibió transferencias millonarias al PRI.
Lo inédito ahora es que las acusaciones recaen sobre el partido en el poder, en un momento en que controla la presidencia, la mayoría de los congresos locales y buena parte del Congreso federal.
Analistas advierten que, de prosperar judicialmente, este caso podría colocar a Morena en un escenario inédito: ser catalogado internacionalmente como un partido con nexos directos con estructuras de narcotráfico.
Crisis moral y narrativa oficial
Mientras en redes sociales la etiqueta #PartidoNarcoTerrorista escala posiciones, Morena ha guardado silencio institucional sobre los señalamientos. Sin embargo, varios dirigentes estatales han intentado descalificar la información, atribuyéndola a campañas de desprestigio.
El problema, señalan especialistas, es que los expedientes provienen de tribunales federales de EU, lo que otorga un peso jurídico y diplomático que trasciende la arena política mexicana.
El analista de seguridad Jorge Lara advierte: “Morena enfrenta no solo un juicio político, sino un potencial juicio internacional. El costo no será únicamente en credibilidad interna, sino en su capacidad de sostener relaciones bilaterales con Estados Unidos en temas de seguridad y comercio”.
Lo que está en juego
El caso se inserta en un contexto electoral y diplomático clave. Con elecciones presidenciales en 2027, cualquier prueba sólida sobre financiamiento ilícito puede detonar sanciones, investigaciones internas y un golpe severo a la legitimidad del movimiento.
Además, Estados Unidos podría activar mecanismos de cooperación judicial que impliquen el congelamiento de cuentas y el rastreo de recursos en suelo norteamericano, comprometiendo a dirigentes, empresarios y funcionarios que participaron en las operaciones.
Un futuro en entredicho
La denuncia no solo sacude al partido gobernante: sacude la narrativa de la llamada “Cuarta Transformación”, fundada sobre la promesa de erradicar la corrupción. Si las pruebas avanzan en tribunales, la etiqueta de “narco partido” podría ser un lastre político irreversible.
La pregunta es si Morena podrá resistir la prueba judicial en territorio extranjero o si este episodio marcará el inicio de su desgaste irreversible como proyecto político.
