El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez presentó una iniciativa que podría modificar de raíz el funcionamiento del Buró de Crédito y del Círculo de Crédito en México. La propuesta busca acotar la permanencia de historiales negativos, prohibir el uso laboral y médico de los reportes, proteger los datos personales y eliminar los registros de deudas ya saldadas, todo bajo una premisa central: regular, no eliminar; corregir, no borrar.
La iniciativa plantea que los historiales negativos, que hoy permanecen hasta 72 meses aun cuando la deuda ya fue pagada, se reduzcan a un máximo de 24 meses. También propone que los burós no puedan retener información sin consentimiento explícito del ciudadano y que las consultas sean gratuitas, eliminando los cobros de hasta 500 pesos por corrección de errores.
El legislador señala que el sistema crediticio se ha convertido en un mecanismo de exclusión que afecta a millones de personas en empleo, renta de vivienda, acceso a salud y movilidad económica. De acuerdo con datos de inclusión financiera, más de 27 millones de mexicanos cuentan con algún tipo de crédito formal, muchos arrastrando deudas con empresas desaparecidas, errores no corregidos o registros acumulados por años.
La reforma también busca impedir que los reportes crediticios sean utilizados como criterio laboral, médico o habitacional, y obliga a los burós a corregir información errónea en no más de 15 días naturales.
Astudillo apuesta por abrir un debate nacional: ¿hasta qué punto los burós de crédito deben seguir operando como entes privados con información sensible de toda la población? La reforma plantea equilibrar el sistema y dar a los ciudadanos un piso parejo frente a entidades bancarias y financieras.
La iniciativa ya provocó movimiento en bancadas y organismos reguladores. Para el legislador, se trata de un paso “hacia un sistema justo, transparente y humano”, capaz de devolver dignidad financiera a millones de mexicanos marginados del crédito.
