Ciudad Victoria, Tamaulipas. — El Congreso del Estado se prepara para activar en los próximos días el proceso de designación del nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, una posición que no solo impacta al Sistema Estatal Anticorrupción, sino que también se convierte en termómetro político: quién llega, con qué respaldo y bajo qué reglas.
El presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Humberto Prieto Herrera, adelantó que la convocatoria se emitirá en breve y que el objetivo institucional es cerrar el nombramiento a finales de enero, después del periodo vacacional y de los tiempos administrativos de cierre de año.
La convocatoria será clave por tres razones: fijará requisitos, abrirá (o limitará) el acceso a perfiles externos, y pondrá a prueba el discurso de transparencia del Congreso, porque el puesto requiere mayoría calificada, lo que obliga a construir acuerdos y a exponer públicamente los criterios de selección.
El procedimiento contempla etapas: registro de aspirantes, revisión de documentos, evaluación del perfil legal y profesional, comparecencias ante diputadas y diputados y, finalmente, la votación del Pleno. La comparecencia será el momento donde se separa la trayectoria de la narrativa: ahí se medirá si los aspirantes traen plan de trabajo, metas realistas y capacidad para coordinarse con otras instituciones sin convertirse en “florero” o brazo político.
En un estado donde la conversación pública exige resultados —auditorías que avancen, investigaciones que no se congelen y carpetas sólidas—, la designación del fiscal anticorrupción se perfila como una decisión con impacto real, porque de esa oficina depende la conducción de casos sensibles y la credibilidad del combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno.
