En Río Bravo, Tamaulipas, el padrón municipal de proveedores parece servir para todo, menos para dar certeza sobre la obra pública.
Ahí aparece un mariachi. También una frutería. También negocios de sonido, gasolina, llantas, alimentos, cómputo y otros giros que poco o nada tienen que ver con pavimentación, maquinaria pesada, carpeta asfáltica, supervisión técnica o construcción.
Pero mientras el padrón canta, vende fruta y renta sonido, varios de los que sí cobraron millones por obra pública no aparecen localizados en el cruce revisado en transparencia.
Ese es el tamaño del desorden.
Durante el primer trimestre de 2026, el Ayuntamiento de Río Bravo reportó ocho contratos de obra pública por 18 millones 608 mil 774 pesos con 64 centavos. Todos fueron para lo mismo: rehabilitación de pavimento, carpeta asfáltica y calles del municipio.
La obra, en el discurso, siempre luce bien. El problema empieza cuando se revisa el expediente, se cruzan los nombres, se buscan los RFC y se compara lo contratado contra el padrón municipal publicado.
Ahí se rompe la postal.
De los seis proveedores que recibieron contratos en el periodo revisado, cinco no fueron localizados en el padrón municipal consultado. En dinero, la anomalía es brutal: 18 millones 408 mil 976 pesos con 87 centavos, equivalentes al 98.9% del gasto contratado, quedaron en manos de empresas que no cruzan limpiamente con esa lista oficial.
Y lo más absurdo es que el mismo padrón donde no aparecen varios contratistas millonarios sí incluye a Nuevo Mariachi Estrella, registrado con actividad de cantantes y grupos musicales; a Frutería Gavall S.A. de C.V., vinculada a frutas, verduras y cría de ganado; a Guzmán Sonido Publicidad y Eventos; además de negocios de gasolina, llantas, alimentos preparados, computadoras y publicaciones.
No se trata de burlarse de un mariachi ni de una frutería. Se trata de algo más grave: un padrón municipal debe ser un filtro de control, no una lista de ocurrencias. Debe permitir saber quién tiene capacidad técnica, experiencia, solvencia, objeto social y condiciones mínimas para contratar con dinero público.
En Río Bravo, el padrón no da certeza. Da pena.
El paquete más grande se pagó con recursos FORTAMUN. Fueron cinco contratos por 17 millones 732 mil 360 pesos con 57 centavos.
Dos de esos contratos fueron para HEME Infraestructura Urbana S.A. de C.V., empresa con domicilio en Reynosa. Ambos se firmaron el mismo día, 19 de febrero de 2026. Ambos iniciaron el 20 de febrero. Ambos fueron en la colonia Satélite. Uno fue por 3 millones 448 mil 545 pesos con 80 centavos y el otro por 3 millones 322 mil 156 pesos con 79 centavos.
Juntos suman 6 millones 770 mil 702 pesos con 59 centavos.
La pregunta cae sola: ¿por qué dos contratos separados, el mismo día, con la misma empresa, en la misma colonia y por obras similares o colindantes?
Partir una obra no siempre es ilegal. Pero cuando el mismo proveedor recibe dos contratos casi simultáneos, en la misma zona y bajo el mismo procedimiento, la autoridad está obligada a explicar si hubo razón técnica, presupuestal o de planeación. Porque si no la hay, el expediente huele a fragmentación cómoda.
Y ese no es el único olor raro.
Dos contratos aparecen con garantía de cumplimiento en cero pesos.
El primero es el FORTAMUN/2026/33005-INV, adjudicado a EZGO Industrial Services and Carriers S.A. de C.V., por 4 millones 750 mil 607 pesos con 58 centavos. El segundo es el FORTAMUN/2026/33006-INV, adjudicado a Constructora Brioher S.A. de C.V., por 1 millón 141 mil 781 pesos con 45 centavos.
Los dos fueron firmados el 20 de febrero de 2026. Los dos iniciaron el 23 de febrero. Los dos aparecían en ejecución al cierre del trimestre. Y los dos comparten el dato que prende la alarma: garantía: $0.00.
En obra pública, una garantía no es un trámite decorativo. Es el candado mínimo para proteger dinero público si el contratista incumple, abandona, entrega mal o deja tirada la obra. Una obra millonaria sin garantía visible no es eficiencia administrativa. Es riesgo patrimonial.
Si hubo fianza, que la publiquen. Si hubo excepción, que la funden. Si fue error de captura, que lo corrijan. Si no hubo nada, que expliquen quién autorizó iniciar obra con dinero público sin ese respaldo.
El caso EZGO trae además otro detalle delicado: el RFC no cruza limpio. En el contrato aparece una clave y en el padrón una variación similar, pero no idéntica. Para cualquiera podría parecer un error menor entre una letra “O” y un número “0”. Para fiscalización no lo es. El RFC es un identificador único. No se interpreta, no se acomoda y no se corrige de palabra.
Si el Ayuntamiento capturó mal, tiene que corregir y documentar. Si no capturó mal, entonces debe aclarar si contrató a una empresa que no coincide formalmente con su propio registro.
Los otros tres contratos fueron financiados con recursos vinculados a la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como REVUPE. La suma fue de 876 mil 414 pesos con 7 centavos. Dos fueron para Planta Asfalto de Matamoros S.A. de C.V., por un total de 676 mil 616 pesos con 30 centavos. Otro fue para Mayra Guadalupe Gudiño Juárez, por 199 mil 797 pesos con 77 centavos.
El uso de recursos REVUPE para pavimentación no es por sí mismo una irregularidad automática. El problema es el soporte: expediente técnico, suficiencia presupuestal, autorización, contrato, avance, estimaciones, facturas, cierre y finiquito. Si eso no está claramente individualizado y accesible, la transparencia se queda en simulación.
Porque subir una tabla no es transparentar. Transparentar es permitir que cualquier ciudadano pueda seguir el dinero desde la autorización hasta la última capa de asfalto.
En los registros revisados aparece una constante: Gladys Jannette Camarillo Garza, Directora de Obras Públicas, figura como responsable en los procedimientos. Su nombre aparece una y otra vez en la documentación analizada.
Ese dato, por sí solo, no prueba una irregularidad. Pero sí abre una duda de control interno: ¿dónde están las demás áreas? ¿Dónde está Contraloría? ¿Dónde está Finanzas? ¿Dónde están los dictámenes técnicos? ¿Dónde están los supervisores? ¿Dónde están las bitácoras? ¿Dónde están las estimaciones? ¿Dónde están las facturas? ¿Dónde están los finiquitos?
La obra pública no se administra con fe. Se administra con expediente.
Y aquí el expediente no habla claro.
El contexto político tampoco puede borrarse. Río Bravo es gobernado por Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde surgido de la alianza PAN-PRI, un personaje con un antecedente público demasiado pesado para ignorarse: fue detenido en 2009 por acusaciones relacionadas con robo de combustible. Él ha sostenido que fue absuelto.
Ese antecedente no sustituye una investigación ni autoriza condenas automáticas. Pero sí eleva el estándar de exigencia. Un gobierno encabezado por alguien con esa historia pública tendría que ser obsesivamente transparente con la obra, los padrones, los contratos, los RFC, las garantías y cada peso ejercido.
Pero lo que aparece en el primer trimestre de 2026 va en sentido contrario: contratos millonarios, padrón revuelto, proveedores que no cruzan, garantías en cero y expedientes difíciles de seguir.
En un municipio marcado por la sombra del huachicol, la obra pública no puede oler a simulación.
El Ayuntamiento de Río Bravo debe explicar por qué varios proveedores que cobraron millones no fueron localizados en el padrón consultado; por qué el padrón incluye giros ajenos a la construcción; por qué dos contratos aparecen con garantía cero; por qué una misma empresa recibió dos obras similares, el mismo día y en la misma colonia; por qué los expedientes no están claramente individualizados; quién supervisó físicamente las obras; dónde están las fianzas; dónde están las facturas; dónde están las estimaciones; dónde están los finiquitos; y cómo puede demostrar que cada metro de pavimento corresponde al monto pagado.
Esto no es grilla. Es dinero público.
La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas debe revisar. La Auditoría Superior de la Federación debe revisar el uso de FORTAMUN. La Contraloría debe revisar. Y el Ayuntamiento debe responder sin rollos, sin boletines de autoelogio y sin querer tapar con propaganda lo que sus propios registros exhiben.
Porque en Río Bravo la foto es demasiado clara para dejarla pasar: el padrón canta mariachi, vende fruta y renta sonido; las garantías desaparecen; los proveedores no cruzan; y el pavimento salió carísimo.
La pregunta es si también salió derecho.
