Es la manera más cómoda de leer un informe y también la más inútil, porque parte de una premisa falsa: suponer que las candidaturas se deciden por simpatía.
Se deciden por el tipo de problema que va a tener enfrente quien gobierne, y ese cálculo lo hacen media docena de personas que no responden encuestas.
Por eso el dato importante del informe no está donde todos lo buscaron.
Está en una anomalía institucional que nadie ha querido nombrar: hace rato que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo dejó de comportarse como un ayuntamiento.
Conviene entender por qué eso es raro.
En este país los gobernantes se saben las competencias de memoria, aunque no para ejercerlas, sino para deslindarse.
Se rompió la carretera y resulta que es federal.
El agua negra bajó al río y eso lo ve la CILA.
El tren tapó la vialidad, hable usted con el concesionario.
Falta un hospital, pero ahora todo eso pasó al IMSS-Bienestar.
La burocracia mexicana se pasó décadas perfeccionando un oficio muy particular, que consiste en explicarle al ciudadano, con fundamento legal, por qué su problema está en el escritorio de junto.
Nuevo Laredo rompió esa costumbre.
Y la rompió en concreto armado.
Un tramo del libramiento MEX II llevaba más de veinticinco años inconcluso, con cuatro carriles que se estrangulaban en dos justo donde pasan alrededor de 16 mil unidades de carga al día rumbo al principal cruce comercial terrestre del país.
Era obra federal, así que el pretexto estaba servido y venía con moño.
En lugar de usarlo, el municipio fue a pedir autorización a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y metió 283.22 millones de pesos de recursos propios para terminar el segundo cuerpo y su puente vehicular de casi 945 metros lineales.
Vale la pena detenerse ahí, porque la decisión tiene más fondo del que parece.
Un presidente municipal que usa dinero propio en obra ajena está aceptando pagar un costo político sin recibir el crédito completo, y encima está asumiendo el riesgo de que mañana alguien le pregunte por qué gastó donde no le tocaba.
Que haya ido primero por la autorización federal es lo que separa la gestión del capricho, y es también la señal de que quien tomó la decisión entiende cómo funciona el aparato.
No es un gesto de rebeldía municipal.
Es un cálculo de alguien que ya sabe con quién hay que hablar antes de mover una máquina.
Con el agua se ve todavía mejor el tamaño de la cancha.
La rehabilitación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales no es una obra de la COMAPA: son alrededor de 81 millones de dólares con los tres órdenes de gobierno, el Banco de Desarrollo de América del Norte y la Comisión Internacional de Límites y Aguas metidos en el mismo expediente.
La planta opera desde 1996 y su deterioro dejó de ser un asunto de tuberías el día que las descargas empezaron a bajar al Bravo.
Cuando uno pregunta de quién es esa responsabilidad, la respuesta honesta es que de todos, y ninguno se puede salir.
En el informe la alcaldesa reportó más de 60 kilómetros de colectores y drenaje sanitario y pluvial, con más de 2 mil 500 millones de pesos invertidos en infraestructura que se queda enterrada y no da fotografía.
Nadie gana una elección con un colector.
Se hace porque hay que hacerlo, y porque una ciudad que crece hacia el poniente sin drenaje pluvial termina inundándose sola.
Ese tipo de gasto revela más sobre una administración que cualquier discurso, porque es dinero puesto donde no hay retorno de imagen.
Falta la aduana, que es la pieza que casi nadie ha dimensionado.
El 25 de enero de este año la sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México dejó la Ciudad de México y abrió operaciones en Nuevo Laredo, en 29 hectáreas, con más de 320 mil metros cuadrados construidos y arriba de mil 100 trabajadores.
Fue la Presidenta de la República a inaugurarla.
El dato que explica la mudanza está en la recaudación: por Nuevo Laredo entra cerca del 33 por ciento de todo lo que recaudan las aduanas terrestres del país.
Conviene decir con claridad lo que no es obra suya, porque es justamente lo que hace creíble lo demás.
La sede de la ANAM es una decisión federal.
El puente ferroviario de CPKC, cien millones de dólares que dejaron a Nuevo Laredo como la única ciudad fronteriza mexicana con dos puentes ferroviarios internacionales, es inversión privada.
La planta internacional se paga con dinero de los tres órdenes de gobierno y de un banco binacional.
Y lo que el gobernador Américo Villarreal reportó como inversión estatal y federal en la ciudad tiene su propio apellido presupuestal.
A favor de Carmen Lilia hay que decir que no se ha colgado ninguna de las tres, y no le hace falta.
Su mérito está en un lugar más difícil de explicar en un espectacular: hay una diferencia entre cortar el listón de una obra y estar sentada en la mesa donde se decidió que esa obra se hiciera ahí y no en otra ciudad.
La ANAM no se mudó a Nuevo Laredo por decreto ni por casualidad.
Se mudó a una ciudad que al mismo tiempo estaba destrabando sus accesos carreteros, metiendo drenaje y sosteniendo una relación funcional con el otro lado del puente.
Y las condiciones alguien las construye.
Aquí es donde el análisis se pone interesante, porque el momento importa tanto como el expediente.
El sexenio que viene en Tamaulipas no va a parecerse a ninguno de los anteriores.
La revisión del T-MEC abrió un ciclo largo de negociación con Washington en el que la frontera dejó de ser un asunto comercial para volverse un asunto de seguridad nacional de los dos lados.
Las aduanas quedaron bajo administración militar y en el centro de la conversación sobre huachicol fiscal y contrabando.
El agua del tratado de 1944 se convirtió en un conflicto permanente entre Tamaulipas, Chihuahua y Texas.
La presión arancelaria dejó de ser una amenaza de campaña y pasó a ser una variable presupuestal.
Y todo eso aterriza en un estado que produce, cruza, exporta y almacena buena parte de lo que México le vende a Estados Unidos.
No por vocación diplomática, sino porque el 30 por ciento de sus problemas cotidianos se van a resolver en llamadas con Austin, con Washington y con oficinas federales que no le deben nada.
Un gobernador o gobernadora que no sepa moverse en esa mesa va a gobernar a ciegas la mitad de su territorio.
Con esa vara conviene mirar la baraja.
Y no con la de la encuesta.
La conversación de Morena en Tamaulipas se viene ordenando por nombres.
Olga Sosa.
Tania Contreras.
Maki Ortiz.
Todas traen algo real.
Oficio legislativo, guerrita sucia, escándalos, estructura, presencia territorial, marcas políticas construidas durante años.
Y no es poco.
Pero el criterio con el que se ha venido discutiendo la sucesión mide lo que sirve para ganar una elección interna, no lo que sirve para gobernar el estado que va a existir en 2028.
Y en el otro criterio, el de la gestión, la comparación cambia de forma.
Porque ninguna de las que aparecen en la lista está hoy administrando obra pública binacional, ni negociando permisos federales para meter dinero municipal en una carretera de la Federación, ni sentada frente a un cónsul general de Estados Unidos como parte de su semana normal de trabajo.
Y no es de estilo ni de simpatía.
Es de expediente.
Carmen Lilia lleva cinco años haciendo, en escala municipal, exactamente lo que va a exigir el cargo estatal: coordinar órdenes de gobierno que no se hablan, gestionar dinero que no controla, tratar con actores privados que mueven más recursos que su presupuesto y sostener una relación con Estados Unidos que no depende de la buena voluntad de nadie.
En el informe estaba sentado el cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo.
Y no fue escenografía.
Ahí no hay problema de visas.
Es una relación que en esa frontera ocurre todos los días, con informe o sin él.
Sume todo y verá el problema de fondo.
Un municipio con deuda heredada de 580 millones de pesos, con compromisos que llegaban hasta 2032, hoy en ceros.
Más de 7 mil 445 millones aplicados en cerca de mil 690 obras.
La mejor evaluación de Tamaulipas y una de las primeras del país en la medición del INEGI sobre efectividad para resolver problemas urbanos.
Y encima, un territorio donde se cruzan soberanía, recaudación federal, ferrocarriles, agua de tratado y las cadenas de suministro de América del Norte.
Es un ensayo general.
Yo no estoy destapando a nadie, entre otras cosas porque no me toca y porque a estas alturas destapar y facturar es el deporte más barato del periodismo tamaulipeco.
Lo que estoy diciendo es más sencillo y más incómodo: la discusión de la sucesión se está dando con las preguntas equivocadas.
Mientras unos cuentan quién va arriba en un levantamiento telefónico, hay alguien que lleva cinco años acumulando la única cosa que no se hereda, no se compra y no se improvisa en campaña:
Cuando llegue el momento de preguntar quién está lista para gobernar el estado que viene, la respuesta no va a salir de una encuesta.
Va a salir de un expediente.
Y hay uno que ya está escrito.
Por lo pronto, la pregunta que la prensa debería hacerle mañana es otra:
@GildoGarzaMx
