CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE AGOSTO DE 2020.- Hasta ahora, la sociedad mexicana desconoce qué hizo el Gobierno Federal con el producto de 25 viajes de insumos médicos que se compraron en China.
No se sabe dónde están 16 millones de cubre bocas, 1 millón, 500 mil máscaras KN95, mil ventiladores, medio millón de caretas, 2 mil termómetros infrarrojos, 300 mil pruebas PCR para detección del COVID-19, entre una larga lista de insumos médicos.
De acuerdo a una solicitud ante la Plataforma Nacional de Transparencia, en relación al paradero de estos productos que el Gobierno de México, importó a través de 25 vuelos del “Misionero de Paz”; un Boeing Dreamliner 787 de Aeroméxico.
La solicitud nace desde la exhibición del Gobierno federal de la aeronave, en lo que enseñaron las cajas, con los supuestos insumos, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto para el Bienestar, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se negaron a entregar la información.
Esto ocurre pese a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las dependencias del Gobierno están obligadas a entregar toda información requerida por la sociedad, si es que está financiada con recursos públicos.
Transparencia entregó información respecto a cinco de los 25 vuelos a China que fueron pagados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos costos oscilaron entre 310 mil y 770 mil dólares cada uno, de acuerdo con la solicitud de información 0064101256920, aunque solo eso.
En relación a la distribución de las compras, se han negado, por lo que se apeló contra esta decisión, y es aquí cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información, falló contra la Secretaría de la Función Pública para que entregaran la información.
La Función Pública respondió en un comunicado que por decreto presidencial se permite realizar estas compras de emergencia sin pasar por todos los órganos de control interno.
El decreto fue avalado por el Senado y activado el 27 de Marzo, y dicta que “se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19)”.
En el mismo; “se estableció como medidas extraordinarias la adquisición de todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional e internacional, necesarios para hacer frente a la contingencia sin la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de licitación pública, así como importar y autorizar la importación sin que tenga trámite alguno (Fracciones II y III del ARTÍCULO SEGUNDO)
Sin embargo, esto se contrapone al derecho de la sociedad para exigir la rendición de cuentas sobre cómo se maneja el recurso público; el decreto del Presidente está reñido con la transparencia y permea total opacidad del presupuesto.
