En un año en el que el lema presidencial, es “no a la corrupción”; la misma ha crecido cuatro peldaños en relación al periodo 2018- 2019, el último año de Gobierno del Presidente, Enrique Peña Nieto.
Lo anterior lo dio a conocer la organización World Justice Project en un estudio realizado a miles de personas en el tema del el Estado de Derecho en el que se analizan tres formas de corrupción; sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de los fondos públicos, privados, y otros recursos.
En las métricas, se estudia la corrupción en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, la policía y el ejército, y en este esquema, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha logrado escalar al puesto 121, es decir, creció en corrupción: hay menos transparencia y rendición de cuentas.
La serie de escándalos de corrupción en el Gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, son los que le han restado puntos en las evaluaciones del Índice del Estado de Derechos de WJP:
-Enriquecimiento de integrantes de su gabinete entre los que se han señalado a su ex Secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, por su participación en actos de Oderbretch, su asesor.
– Alfonso Romo, su Secretaria de Gobernación
-Olga Sanchez al omitir declarar entre sus bienes un departamento en el Extranjero.
-El Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barttlet Díaz, quien posee 800 millones de pesos en propiedades.
-Irma Sandoval, Secretaria de la Función Pública, que posee seis propiedades en zonas de alto costo, mismas que no figuran en su declaración patrimonial.
De acuerdo a WJP, el Índice de Derecho es uno de los referentes en información independiente para diagnósticos que sirven para la inversión privada a nivel internacional.
De esta manera, los resultados afectan a México en:
Inversión Extranjera. Es probable que piense dos veces antes de invertir en un país afligido por la corrupción, derechos de propiedad inútiles, o la aplicación inefectiva de los contratos. Un Estado de Derecho débil socava el comercio legítimo y ahuyenta a inversionistas locales y extranjeros.
Infraestructura. Piense en los puentes, calles o pistas que utilizamos cada día, o en las oficinas y edificios en los que vivimos, trabajamos, y nos divertimos. ¿Qué sucedería si no se respetan los códigos de construcción, o si los funcionarios del gobierno y los contratistas utilizan materiales de baja calidad para maximizar sus ganancias? La falta de aplicación de reglamentos y la corrupción disminuyen la seguridad de la infraestructura física, e implican un desperdicio de recursos, los cuales son esenciales para mantener una economía próspera.
La salud pública y el medio ambiente Considere las implicaciones que la contaminación, la caza ilegal, y la deforestación tienen en la salud pública y el medio ambiente. ¿Qué sucedería si una empresa arroja químicos en un río en un área densamente poblada y un inspector medioambiental recibe un soborno para ignorar este hecho? La adherencia al Estado de Derecho es crucial para obligar al gobierno, empresas, organizaciones de la sociedad civil, y comunidades, a proteger la salud pública y el medio ambiente.
Información: Demis Santana
Fuente:
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
