CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE AGOSTO DE 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha incurrido en una nueva pifia, al cuestionar la concesión por 100 años para operar el Puerto de Veracruz la ostenta la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, una empresa desconcentrada del Gobierno Federal, cuyos directivos son designados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, son funcionarios públicos.
Según la estructura orgánica, las 16 APIs federales sustentan el Sistema Portuario Nacional, el cual está organizado en dos sistemas por litoral: Océano Pacífico y Golfo de México-Caribe.
Los puertos federales son operados bajo un esquema de coordinación a cargo de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria -del gobierno federal- a través del cual los “negocios se promueven” en los puertos federales y son dirigidos y controlados por sus accionistas, consejos de administración, esto según la propia página de la Coordinación General de Puertos y Marítima Mercante.
La API Veracruz, la cual el presidente se pronunció por eliminar la concesión, forma parte del litoral Golfo de México-Caribe junto a los puertos, también de administración gubernamental, de Dos Bocas, Progreso, Tampico, Tuxpan, Altamira y Coatzacoalcos.
Función Pública supervisa operación de puertos
Al contar con una estructura intersecretarial, el Órgano Interno de Control de cada administración portuaria responde a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La API Veracruz recibe, como las otras 15 administraciones, presupuesto a través de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La propia Ley de Puertos indica que la administración de terminales, instalaciones y puertos de influencia preponderadamente estatal, podrán ser concesionadas a “una sociedad mercantil constituida por el gobierno federal o estatal”.
