Ciudad de México, 30 de Septiembre de 2020.- La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, sin embargo, la Secretaría de Hacienda ha advertido a los diputados que no hay recursos para cumplir con el objeto de ese mecanismo.
Las bancadas aprobaron la ley aún y cuando Hacienda les había enviado la semana pasada una tarjeta donde advierte que el fondo implicaría “modificar las prioridades de gasto social, así como los subsidios o recursos complementarios asignados por el gobierno federal”.
De acuerdo al periódico La Jornada, al explicar el objeto de la ley, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo (Morena) dijo que se busca generar soluciones duraderas y manifestó que el desplazamiento interno forzado ha dejado en la indefensión a un número alarmante de personas.
“Estamos ante un momento de definiciones que bien podría se reconocido como el punto paradigmático en la solución del problema”, declaró al medio capitalino.
Por su parte, el legislador de oposición Fernando Torres Graciano, planteó que la cámara debe considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para atener este problema.
Si no hay fondos para que el Estado atienda a las poblaciones que se ven en una situación vulnerable al abandonar sus lugares de origen, “tendríamos que decir que hicimos una ley más pero no solucionamos un problema. Hay que ser eficaces. La aplicación de la ley debe ir acompañada de los recursos suficientes”, señaló.
La ley se aprobó por 395 votos en favor y se turnó al Senado para su revisión y eventual aprobación.
Extinguen fideicomiso
Además de la negativa de Hacienda para dotar de recursos a la iniciativa impulsada por Alejandro Encinas, el Gobierno de México ordenó a su brazo legislativo impulsar la desaparición del Fideicomiso para la Protección de Periodistas y Activistas de Derechos Humanos, mismo que se encarga de apoyar a agentes de la libertad de expresión y luchadores sociales que se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado al ser amenazados e incluso agredidos por grupos de choque de gobiernos locales y delincuentes del crimen organizado.
De acuerdo al relator de Derechos Humanos, Gildo Garza, son más de 1500 personas las que se encuentran el riesgo si extinguen el Fideicomiso que les da Protección.
