El Colegio Rébsamen y las 26 personas que murieron en sus instalaciones el 19 de septiembre de 2017 van a perseguir a Claudia Sheinbaum por toda la eternidad. En ese entonces, la hoy jefa de Gobierno de la Ciudad de México fungía como titular de la hoy Alcaldía Tlalpan. Ese día, un terremoto que nunca vamos a olvidar quienes lo vivimos, cimbró a la Ciudad de México. Por doquier había escenas de tragedia, de muerte, pero también de solidaridad y de comunidad.
Tlalpan fue una de las zonas más golpeadas por el sismo y, quizá el lugar más emblemático de esa fecha, fue el Colegio Rébsamen. Ahí, 19 niñas y niños fallecieron al desplomarse el edificio, junto a siete adultos. Sería injusto decir que este caso fue el más trágico, pues todas las muertes provocadas por el movimiento telúrico son personas que aún nos hacen falta, pero sí podemos afirmar que fue el que más impacto generó.
A partir de entonces, los padres y familiares de las víctimas iniciaron un duro caminar para encontrar justicia para sus hijas, sus hijos y sus seres queridos. La justicia en México aún no está configurada para atender a las víctimas, pues a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, aquélla sigue anclada en la idea de meter a la cárcel a los culpables, olvidando a quienes más necesitan apoyo y reparación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de queja por posibles violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades tanto federales como de la Ciudad de México y de la hoy Alcaldía Tlalpan, que ocasionaron, de alguna forma, la tragedia del Colegio Rébsamen. Al tramitar el expediente, la CNDH solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que se inscribiera a las víctimas directas e indirectas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). En un inicio, internamente, la esfera directiva de la CEAV mantuvo una postura de negativa, pero afortunadamente, después de severas tensiones intestinas, se autorizó la inscripción de las víctimas en el RENAVI. Lo sé y me consta porque, en ese entonces, éste que escribe era director general adjunto de ese RENAVI.
Trastabillando y con muchas fracturas internas, iniciamos el proceso de inscripción de las víctimas en el RENAVI, garantizando con ello sus derechos y el acceso a las medidas de ayuda, en su caso, que la Ley General de Víctimas consagra para todas las personas en situación de víctima. Si bien eso fue un paso pequeño en la búsqueda de justicia, sí fue uno definitivo en la senda de reconocerlas como víctimas de una tragedia que podía haberse previsto y evitado.
Tiempo después, la CNDH confirmó esto emitiendo la recomendación por violaciones graves a derechos humanos 31VG/2019, dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía Tlalpan, toda vez que debido a la negligencia de esas autoridades, su falta de supervisión, de acciones y a omisiones relacionadas con la seguridad estructural del edificio en el que se albergaba el colegio, éste colapsó durante el sismo, privando de la vida a 26 personas y lesionando a 23 más, afectando seriamente sus derechos humanos a la vida, a la integridad, a la legalidad y a la seguridad.
Recientemente, la justicia penal también hizo su parte, pues se sentenció como culpable a la dueña y directora de la escuela, Mónica García Villegas, quien construyó ilegalmente y con la complacencia de las autoridades encargadas de supervisión, un piso sobre el edificio, añadiendo más de 230 toneladas, que causó que la estructura colapsara.
Poco a poco, la justicia va avanzando en el caso, pues la CEAV las inscribió como víctimas, la CNDH emitió la recomendación 31VG/2019 y los jueces penales encontraron culpable a la directora del colegio, pero aún falta mucho camino por recorrer.
Parte de ese camino se vuelve a encontrar con Claudia Sheinbaum y, de nuevo, parece que la hoy jefa de Gobierno será un obstáculo para que los padres de las niñas y los niños del Rébsamen den un paso más hacia la justicia y es que ahora, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), se ha sacado de la chistera conceptos que contravienen la Ley General de Víctimas, para negar inscripciones en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México, negarles el reconocimiento de su calidad y repararlas de manera integral.
Y aquí solo hay dos opciones: o la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum sabe de esta arbitrariedad y la está consintiendo, lo que daría continuidad a su atroz papel en esta tragedia, o desconoce la barbaridad jurídica que está cometiendo su comisionado de atención a víctimas Armando Ocampo Zambrano y, en caso de ser así, flaco favor le está haciendo a su jefa.
Para no extender mucho el texto, el problema puede resumirse de la forma siguiente: la Ley General de Víctimas, en su artículo 4, establece que las víctimas directas son aquéllas que resienten un daño en sus derechos a causa de un delito o de una violación a derechos humanos; por su parte, señala que las víctimas indirectas son 1) los familiares de la víctima directa o 2) las personas que, no siendo familiares, tengan una relación directa con la víctima directa. Esto significa que la Ley General reconoce de manera automática la calidad de víctima indirecta a la familia.
La CEAVI, interpretando equivocadamente este precepto, por acuerdo de 18 de septiembre de 2020, ha requerido a algunas familias que prueben que los familiares (padres, hermanos, abuelos, tíos) tenían una “relación biopsicoemocional” con las víctimas fallecidas o heridas. Esto viola prácticamente todos los principios que reconoce la Ley General de Víctimas y revictimiza a quienes ya sufrieron la pérdida de un ser amado.
Esta aberración pone los reflectores sobre esa CEAVI, que hasta ahora ha “nadado de a muertito” en una ciudad que está llena de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos y que, ahora, no solamente es omisa en atenderlas, sino que también impone requisitos que violan el espíritu, los principios y las disposiciones de la Ley General de Víctimas.
