Ciudad de México, 8 de diciembre de 2020.- La detención del activista, Carlos Mimenza Novelo, está fuera del marco legal, aseguraron los abogados a Cambio.Press; el delito no es grave, alcanza fianza, y la detención viola los derechos constitucionales.
Todo el aparato de justicia de Quintana Roo está enfocado a retenerlo, a como dé lugar, y por sobre crímenes brutales como asesinatos, feminicidios, violaciones sexuales a mujeres que no se persiguen, que se quedan en carpetas; es más importante para el Estado callar el activismo de nuestro cliente, refirieron.
En entrevista previa a una rueda de prensa, los abogados informaron que de acuerdo al Artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión, es considerada como un delito de alto impacto.
“¿Quien lo comete?: quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro, y estamos viendo que los cargos que le imputa, dan risa porque las acusaciones se desprenden de un video en vivo, una transmisión en la que nuestro cliente se proyectó de una manera sarcástica, de “cobrarle por permitirle mencionarlo en sus trabajos periodísticos”.
“Tenemos por extorsión al que, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer, o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí, o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial, para el cual, se le aplicarán de dos a ocho años en prisión, y de cuarenta a sesenta días de multa”
Lo curioso del caso, refieren, es que quien lo denuncia, es un reportero con el que interactuó en el mismo video, y que se encuentra en la lista de proveedores del Gobierno de Quintana Roo, que ya ha cobrado facturas por decenas de miles de pesos, y que pensamos, fue instruccionado para demandar por el absurdo que significa la extorsión.
“El delito que se le imputa no se consuma de ninguna manera; además de que el empresario, Carlos Mimenza, no tendría necesidad alguna para extorsionar a alguien y menos por exigir que su nombre y su imagen fueran utilizados sin su consentimiento.
Lo que estamos viendo, es que se trata de una campaña para mantener la boca bien cerrada a nuestro cliente, que se ha convertido en el principal crítico del estado de Quintana Roo”, finalizaron.
¿Quién acusa a Mimenza Novelo?
De acuerdo a los abogados del activista, Carlos Mimenza, quien lo denuncia es un empresario publicista de nombre Jorge Ariel Urtaza de la Peña quien cuenta con un portal informativo de escasa calidad periodística, bajo la empresa Riviera Media Digital S.A de C.V. que publica en su mayoría propaganda a criterio del Gobierno de Quintana Roo desde la dirección https://quintafuerza.mx
Dicho dominio electrónico se encuentra en línea desde el 25 de junio del 2015 y su inicio de operaciones fue en enero del 2017.
Este portal, registrado en el padrón de prestadores de servicios en cuatro municipalidades y en el Gobierno de Quintana Roo, esta a nombre de Jorge Ariel Urtaza de la Peña; quien es su propietario según los contratos públicos que proporcionó la plataforma nacional de transparencia y el mismo Gobierno del Estado
El actual convenio que sustenta Jorge Ariel Urtaza de la Peña bajo la empresa Riviera Media Digital S.A. de C.V. bajo con adjudicación directa con el IDEFIN Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo. Y es por la administración y realización de servicios de branding digital, creación de sitio web https://proquintanaroo.com, administración de perfiles y pautas publicitarias en Facebook y el manejo de la página web, junto a su manual de imagen la partida desde el primero de enero del 2020, fueron doce mensualidades de $100 mil pesos, más IVA, lo que da como resultado más de un millón de pesos.
Asimismo es proveedor de servicios publicitarios en el municipio de Solidaridad Quintana Roo donde cobra por los servicios profesionales de “publicidad con el medio de internet “quinta fuerza.mx” con el que difundirá campañas de promoción del deporte y juventud y protección civil” por la cantidad de $ 1 millón 113 mil 590 pesos con 72 centavos, aprobado por adjudicación directa, del gobierno panista del primero de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020.
