Ciudad de México 27 de enero de 2021.- Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos presentaron una denuncia para exigir la identificación de los 19 cuerpos calcinados que se encontraron el fin de semana pasado en el municipio de Camargo, Tamaulipas, así como una investigación efectiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), para evitar que los hechos queden en la impunidad.
En un pronunciamiento firmado por cientos de colectivos de México y el extranjero, así como de activistas y expertos a título personal, se indicó que lo ocurrido con las víctimas de esta agresión –quienes al parecer son ciudadanos guatemaltecos—implica violaciones graves de derechos humanos, no sólo por la no existencia de una estrategia de prevención de esos abusos, sino también por la falta de sanción a quienes en el pasado han cometido actos similares.
Las organizaciones –entre las que se encuentran la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Amnistía Internacional y Asylum Access, entre muchas otras—enfatizaron que esta nueva masacre lastima a las víctimas directas, tanto en México como en sus lugares de origen, y contribuye aun más al deterioro del tejido social de la región.
“La tolerancia de estos aberrantes crímenes demuestran la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones que impera en el país y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial ya que son rutas de tráfico de personas que les reportan múltiples ganancias.
“La masacre ocurrida recientemente es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en cuatro masacres de personas migrantes previas ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 y la masacre de Guemez de 2014”, puntualizaron.
En el mismo tono, las organizaciones señalaron que la militarización de las fronteras ha sido “una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas”.
Pese a todo lo anterior, consideraron que estos hechos le dan a las autoridades “la oportunidad de hacer las cosas mejor, de cambiar el rumbo de nuestra política migratoria”, por lo que llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón a reconocer los riesgos y los delitos de los que son víctimas las personas migrantes en su tránsito por México, y adoptar medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades.
Asimismo, exigieron que la FGR realice investigaciones “con una perspectiva de macrocriminalidad que atiendan los motivos de estos delitos, así como el derecho de los familiares de las víctimas a participar y dar seguimiento al caso, a través de los mecanismos de justicia transnacional existentes, como lo es el Mecanismo de Apoyo Exterior”.
Los colectivos insistieron: “Estos hechos no pueden investigarse de manera aislada de las masacres y desapariciones de personas migrantes ocurridas en Tamaulipas y Nuevo León, así como de la desaparición de migrantes que fueron bajados de un autobús en febrero de 2019”, por lo que “se ha solicitado a la FGR que aplique las herramientas de la Ley Orgánica y forme un equipo mixto (junto con Tamaulipas) y una Comisión Especial con personas expertas independientes que se avoque a la investigación de estos casos, bajo una mirada de contexto”.
Además de la realización de una indagatoria para identificar a las víctimas de esta matanza, asistir a sus familiares e identificar a los responsables de la agresión, los grupos firmantes exigieron que se garantice “un proceso adecuado de preservación y procesamiento de cuerpos y evidencias, así como en su momento, de identificación, notificación y repatriación de cuerpos, de acuerdo a los más altos estándares”.
También demandaron “garantizar el derecho de los familiares de posibles víctimas del caso, a acceder a las investigaciones y participar en ellas, a proporcionar y recibir toda la información disponible para las identificaciones, y garantizar la coordinación interinstitucional y transnacional necesaria, utilizando en lo necesario el Mecanismo de Apoyo Exterior”.
