Tamaulipas.- Luego de la decisión del Congreso Federal para desaforar al Gobernador de Tamaulipas Francisco Garcia Cabeza de Vaca. Mientras en el Congreso de Tamaulipas, se promueve una acción anticonstitucionalidad al juicio de procedencia, y se declaró por parte de la bancada «No ha lugar», realizando el acompañamiento y apoyo jurídico al mandatario, no quitándole la protección.
Mensaje del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Al pueblo de México:
Hace unos momentos, la mayoría del partido en el gobierno, MORENA, consumó un nuevo golpe a la Constitución, a la democracia y al federalismo. Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno. En estos momentos la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos.
Mi sentido de la dignidad, y la defensa de la libre voluntad de las ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas, no me permite someterme a esta patraña. Se qué mi suerte se decidió hace tiempo; mucho antes de que se me acusara, justo desde el momento en que alcé la voz para defender los intereses de las y de los tamaulipecos.
El odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública. No hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza, del uso de las instituciones públicas para ser calumniado, castigado, señalado y hasta encarcelado.
Particularmente, quienes hemos sido oposición al actual presidente desde hace años, una oposición apegada a la ley, a las instituciones las reglas democráticas, somos ahora foco de la embestida gubernamental.
Porque este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado como falsamente se ha difundido.
Tampoco se me acusa de pactar, proteger o dejar huir a un delincuente o a un capo.
No me imputan haberme apropiado de recursos públicos en beneficio propio o de mi familia.
No he sido llamado a cuentas por desobedecer alguna ley o algún mandamiento judicial.
No estoy frente a ustedes, por aparecer en algún video agarrando dinero en efectivo.
Por ningún motivo, me desafueran por enfrentar denuncias de violación a una mujer o por acoso sexual contra menores inocentes.
No, de ninguna de estas cosas se me acusa.
La mayoría del partido en el gobierno, me quiere desaforar y remover del cargo, por no haber pagado supuestamente, los impuestos de la compraventa de un departamento. Eso es todo. Por absurdo que parezca.
A lo largo de este procedimiento, en mi defensa he demostrado que esa operación fue lícita; que los impuestos fueron debidamente declarados y pagados; que mi patrimonio, es producto del esfuerzo personal y familiar de toda una vida.
Pero es claro que cuando hay consigna, ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón.
Y es que este desafuero, no es una causa de justicia, sino una venganza política.
El uso sucio de las instituciones del gobierno federal, concretamente la UIF se ocupa para inventar delitos, para fabricar culpables que puedan distraer la atención, dirigir el resentimiento ante la evidente falta de resultados de un gobierno que habla mucho y hace poco.
Mis denunciantes han llegado al extremo de falsificar y manipular pruebas con el propósito de revertir la decisión democrática del pueblo de Tamaulipas.
Lo que buscan es removerme del cargo a la mala, porque saben que no pueden ganar por la buena. Quieren meterme a la cárcel, porque saben perfectamente que no pueden convencer en las urnas, porque necesitan culpables que justifiquen su ineptitud y su corrupción.
Se inventan causas penales frívolas, y luego una mayoría vota por remover del cargo a un gobernador en funciones.
Sin embargo, la Constitución es clara: la Cámara de Diputados federal no puede desaforar por sí misma a ningún funcionario local. Esa facultad compete en última instancia al Congreso local, por la sencilla razón de que el poder local emana de la soberanía popular, de los estados que integran la Federación.
Hasta este momento, nunca se había desafiado tan burdamente el espíritu y letra del federalismo constitucional.
Parece que fue ayer cuando en el entonces Distrito Federal, en los confines de 2005, se defendía el espíritu federal de la República para evitar la consumación de otro perverso desafuero.
Cuando desde la tribuna del Congreso se acusaba al presidente de fabricar culpabilidades, por pensar o actuar distinto.
Cuando se tachaba de deshonroso, el uso faccioso de los procedimientos judiciales en contra de opositores.
Me permito citar al entonces señalado culpable, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo: “El dolo y la mala fe es de quien me acusa, de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios, uno de estos es precisamente, hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria”.
No puedo más que suscribir estas palabras porque en efecto, ser opositor tiene su costo. Quienes lo somos, lo sabemos.
En el país de la restauración presidencialista, se acusa desde el poder sin miramientos a todo aquel que disiente: no importa, si son mamás de niños con cáncer, víctimas de la violencia, madres de desaparecidos, mujeres exigiendo nada más que sus derechos, periodistas, activistas o políticos de otros partidos. Para el régimen, quienes pensamos distinto, somos, simplemente, enemigos del Estado.
Vamos por una ruta acelerada hacia lo peor del pasado: los opositores viven con la permanente amenaza de una investigación hecha a modo, o del acoso de una filtración y la quema en la plaza pública de cualquier reputación; la prisión preventiva es expedita y ejemplar cuando se trata de adversarios; hay más causas judiciales abiertas en contra de los incómodos del pasado, que contra los criminales del presente.
Mi desafuero es una clara advertencia política para el pluralismo: en este país, sólo hay dos opciones políticas: o estás con el presidente, o el presidente está contra ti.
En esta exigencia de miedo y sumisión, pretenden sentar un precedente que sirva de ejemplo para que el federalismo, no sea nunca contrapeso democrático, para que nadie alce la voz y se convierta en una alternativa que pueda sacar adelante a nuestro país.
Ahora resulta, que los falsos delitos fiscales que se imputan ameritan quitar a la mala el cargo que legal y legítimamente me otorgaron las y los ciudadanos de Tamaulipas.
¿Ése es el combate a la corrupción que pregonan? ¿Justicia selectiva para los adversarios y gracia e impunidad para los leales?
¿Dónde están los que saquearon al país a manos llenas? Gozando y descansando tranquilos con la inmunidad de un criterio de oportunidad otorgado por este gobierno federal.
No deja de ser triste, que el voto por la esperanza se haya convertido en odio y venganza.
Que el México sediento de justicia, se esté convirtiendo aceleradamente en un México sin ley.
Que el autollamado gobierno de la transformación sólo aspire a la restauración del más rancio autoritarismo.
No se puede construir un país como el nuestro, con un discurso de odio y de rencor que escuchamos todos los días.
Mexicanas y mexicanos:
Hoy se me juzgará a mí, pero mañana todos seremos juzgados por la historia.
No soy optimista, en que imperará la idea de justicia en mis persecutores.
Estoy acostumbrado a luchar. Así nos forjamos el carácter en Tamaulipas: con la frente en alto, la voluntad por delante y el corazón abierto.
No es la ley, sino el capricho, lo que definirá mi destino.
Y de lo único, que me pueden acusar, es de no haberme dejado someter ante un gobierno sin razón, que a través de la descalificación, la presión y amenazas pretenden imponer su voluntad, violando las leyes y la constitución.
Pero ningún intento de desafuero, ninguna sentencia a modo, ninguna condena me podrá quitar la dignidad, ni la honra de seguir sirviendo, hasta el último minuto de mi mandato, al Estado libre y Soberano de Tamaulipas.
