En el caso de la pandemia, diferentes gobiernos destinaron alrededor de 8.5 billones de dólares en el desarrollo de la vacuna, que ahora venden Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer y Novavax…
El presidente Biden anunció su apoyo a la iniciativa de trabajar con la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad de las vacunas en contra del coronavirus, como una manera de agilizar su acceso a países en desarrollo. Se trata de una postura inusual para un mandatario estadounidense, ya que ese país normalmente encabeza la defensa de los derechos de propiedad en los grandes foros internacionales. Recientemente, la India y Sudáfrica llamaron a suspender los derechos de propiedad de las farmacéuticas sobre las vacunas, a lo que se sumaron un buen número de congresistas demócratas, sin embargo se opusieron la Unión Europea, Suiza, Japón y el propio Estados Unidos. Por el lado de las farmacéuticas se advierte que la medida puede inhibir la innovación en el futuro y no resuelve el problema de la producción y distribución, ya que el proceso requiere de cientos de componentes, no solamente de la sustancia activa.
La economista Mariana Mazzucato, recuerda que el gobierno de Estados Unidos destina 40 billones de dólares para investigación al Instituto Nacional de Salud, el cual ha financiado el desarrollo de las principales medicinas, que después son comercializadas a precios altos por las compañías farmacéuticas. El Remdesivir, por ejemplo, que se utiliza para tratar el covid, recibió financiamiento en su etapa de investigación por más de 70 millones de dólares, cuando la compañía Gilead cobra más de 3,000 dólares por un tratamiento de cinco días. Mazzucato considera que en este tipo de tratos las farmacéuticas actúan más como un parásito, que parte de un provechoso acuerdo público privado, en el que la sociedad capture parte de los que el estado invierte para generar innovación. En el caso de la pandemia, diferentes gobiernos destinaron alrededor de 8.5 billones de dólares en el desarrollo de la vacuna, que ahora venden Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer y Novavax. Es decir, buena parte de la innovación fue en realidad pagada por los estados, por lo que la iniciativa de eliminar los derechos de propiedad es legítima y no representa un riesgo para el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos.
En el punto de la capacidad de producción de vacunas, es evidente que, no sin dificultades, potencias de ingreso medio, como el propio México, tienen capacidad de producir vacunas, y que pueden incrementar de manera sustancial la oferta si pueden utilizar las fórmulas ya probadas, sin temor a una represalia comercial por parte de Estados Unidos. Jeffrey Sachs, uno de los promotores de la suspensión de patentes, por ejemplo, nos recuerda que el propio marco internacional de comercio reconoce que, por excepción, en casos de emergencia de salud extrema, los gobiernos pueden eliminar derechos de propiedad sobre patentes médicas. Esto es, la iniciativa de India y Sudáfrica, que apoya Biden, es viable, puede ayudar a combatir la pandemia en países en desarrollo y no pone en riesgo ni el marco global que rige el comercio y la inversión global, ni la innovación médica. Actualmente las farmacéuticas han sido capaces de distribuir alrededor de 1,000 millones de vacunas, por las que ya obtuvieron ganancias, cuando se requieren este año alrededor de 12,000 millones. La clave parece estar en identificar a las fábricas que pueden producir vacunas en los países en desarrollo, eliminar los cuellos de botella en la provisión de los principales insumos y realizar procesos eficaces de transferencia tecnológica para que se pueda multiplicar en el corto plazo la oferta de las mismas. Se dice que si la iniciativa de la India y Sudáfrica se hubiera respaldado cuando se presentó, ya se hubiera incrementado la posibilidad de acceso en ambos países, que han tenido problemas graves como resultado de la pandemia. En conclusión, la vacuna debe ser de acceso universal para garantizar el derecho fundamental a la salud.
