Se afilió al Seguro Popular para buscar más opciones médicas porque los dolores eran tan intensos que incluso le impidieron seguir trabajando. Fue así como la canalizaron al Hospital Regional de Especialidades de Oaxaca, y de ahí, la enviaron al Hospital de Cardiología Ignacio Chávez.
El caso era de urgencia, tenía un tumor en el corazón y fue recibida inmediatamente. En tres meses tuvo 17 operaciones, con procesos tan complicados que los médicos le daban esperanza de vida de 1%, pero lo resistió todo.
El costo de su estancia en el hospital ascendió a un millón 500 mil pesos y la familia debía pagar 150 mil. El Seguro Popular funcionaba como una póliza de seguro de gastos médicos, donde el hospital absorbía todos los gastos de un tratamiento y después se le rembolsaba con recursos públicos y el paciente, dependiendo sus posibilidades, también pagaba una parte.
En su caso, solo por la colocación de un marcapasos eran 45 mil pesos, pero después de demostrar su situación socioeconómica, incluso sin trabajo, al final pagó 80 mil pesos, que logró juntar gracias a la cooperación de toda la familia.
El Seguro Popular desapareció pero, dada la gravedad de su padecimiento, aún tiene seguimiento en el Hospital de Cardiología, aunque los chequeos cotidianos los hace con un cardiólogo particular gracias a la cooperación de sus hijos. También gasta 1,500 pesos mensuales en medicamentos genéricos.
Su situación, al quedarse sin afiliación a algún servicio de salud, es similar a lo que han pasado millones de personas en los últimos dos años, pues en plena pandemia de COVID aumentó en 77% el número de personas que carecieron del acceso a servicios médicos.
Mientras en 2018 hubo 20 millones de personas que no estaban afiliadas a un sistema de salud, para 2020 la cifra ascendió a 35 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones de pobreza multidimensional 2018-2010 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En este periodo desapareció el Seguro Popular, una estrategia de afiliación a servicios de salud creada en 2003 y que operó hasta 2019 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sería sustituido por Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con el que aseguraría acceso a servicios de salud para todos los mexicanos, es decir, cobertura universal.
El reporte del Coneval demostró que dicha decisión tuvo impacto, pues al analizar a las instituciones que proveen servicios de salud, la reducción de la población afiliada al Seguro Popular o que reportó tener derecho a los servicios del INSABI en zonas rurales fue de 20.4 puntos porcentuales al pasar de 69.3% a 48.9% de la población. En contraste, en las zonas urbanas pasó de 33.3% a 20.3% de la población, lo que representó una reducción de 13 puntos porcentuales.
“Entre los factores que explican la diferencia en el incremento, por ámbito de residencia, se encuentra el grado de dependencia al Seguro Popular, en 2018: de las personas con acceso a los servicios de salud en las zonas rurales, 8 de cada 10 personas contaban únicamente con Seguro Popular; en contraste, en las zonas urbanas donde esta proporción fue de 4 de cada 10. De esta manera, la población rural se encontraba en una posición más vulnerable ante la desaparición del Seguro Popular”, refiere el informe.
Respecto a la afiliación al IMSS por medio de la prestación laboral, se observa que el porcentaje de la población ocupada sin acceso directo a servicios de salud pasó de 64.5% a 63.7%, entre 2018 y 2020, “lo que indica que la población ocupada sin acceso directo a los servicios de salud no contribuyó al aumento de la carencia por acceso a los servicios de salud en este periodo”. En tanto, en el resto de instituciones de salud como Pemex, ISSSTE, no hubo variaciones.
Esto demuestra que se están “exacerbando las desigualdades de salud preexistentes en el país y es más grave que haya ocurrido justamente en la pandemia”, explica Juan Pablo Gutiérrez, académico del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, de la Facultad de Medicina de la UNAM en entrevista con Animal Político.
Hasta 2018, el Seguro Popular había afiliado a 42% de la población y aunque en el decreto de creación del INSABI se estableció que los beneficiarios continuarían en la nueva institución, no fue así, pues para 2020 el INSABI registró una afiliación de 26.9%, una disminución de 16 puntos porcentuales.
Si bien el Seguro Popular fue criticado durante los tres sexenios en que operó, debido a la deficiente calidad de los servicios, la promesa incumplida de cobertura universal, la existencia de actos de corrupción y hospitales a medio construir, la estrategia significaba una posibilidad de conseguir algún servicio de salud, como en el caso de Vilma y de otras personas que pudieron enfrentar padecimientos como cáncer, que de otra manera hubiese sido incosteable para ellas.
La universalidad que no ha llegado
La disminución de afiliación es “una gravísima caída”, afirma Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, sobre todo porque la reforma en salud de este sexenio que prometió universalidad, en realidad “lo que produjo fue carencia”. Si lo prometido con el INSABI se hubiera cumplido “este indicador estaría en cero”, o sea, nadie tendría carencia de acceso a servicios de salud.
El gran reto, explica, es encontrar la forma de realmente alcanzar la cobertura universal “y no solo por discurso”, sino como un derecho humano, porque en este momento ningún hospital recibe a todas las personas y no porque no quieran, sino porque no tienen suficientes doctores, camas, medicinas. Por eso, la universalidad debe pasar por incrementos presupuestales, explica Gómez Hermosillo.
La carencia de acceso a servicios de salud ocurrió en todo el país, pero las entidades con mayor aumento fueron Oaxaca, que pasó de 16.3% personas sin afiliación a un sistema de salud en 2018 a 36.9% en 2020; Guerrero, que pasó de 13.8% a 33.5%; y Chiapas (17.6% a 37.1%), mientras que las entidades que mostraron el menor aumento fueron Chihuahua (11.3% a 17.1%); Sinaloa (13.2% a 19.6%); y Baja California Sur (10.7% a 17.4%).
Al analizar los datos por residencia, quienes viven en ámbito rural también fueron los más afectados, ya que el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 13.7% a 30.5% entre 2018 y 2020; mientras que en el ámbito urbano pasó de 17.0% a 27.4% en el mismo periodo.
Esto nos coloca en niveles de acceso de 2008, toda vez que esta carencia era una de las que “llevaba comportamiento a la baja entre todas las carencias”, aunque en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un freno en la afiliación, llegar a estos niveles en 2020 “es extremadamente inquietante” porque lo que mide este indicador es la percepción de seguridad social, y la gente dejó de ver esto como un derecho, explica Gutiérrez, académico de la UNAM.
Por otro lado, si bien se identifica una mayor reducción en la población afiliada al Seguro Popular o que reportó tener derecho al INSABI en las zonas rurales, además del reconocimiento al acceso a los servicios de salud, existen diferencias de accesibilidad a estos servicios entre la población rural y la urbana. Por ejemplo, 16.3% de la población rural le tomó dos o más horas trasladarse a un hospital en 2020; mientras que esto ocurrió solo para el 3.2% de la población urbana.
El informe también reveló que en 2020 hubo un incremento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza en México, en comparación con 2018, con lo que aumentó del 41.9% al 43.9% el total de la población en esta condición.
Mientras que hace tres años había 51.9 millones de personas en pobreza, el año pasado sumaron 55.7 millones, señaló el Coneval en el informe de las Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2018 y 2020.
El porcentaje de población en situación de pobreza extrema también aumentó de 7% a 8.5%, lo cual significó un aumento de 8.7 a 10.8 millones de personas en dos años; o sea, 2.1 millones más.
