Esto después de que autoridades ejidales y pobladores han denunciado que faltan millones de los cheques que Fonatur dio a estas comunidades como pago por la liberación de vía y la ocupación previa de terrenos por donde pasará el Tren Maya.
Lilia Hernández, presidenta del comisariado del ejido de Don Samuel, en el municipio de Escárcega, en Campeche, asegura, que empleados de Barrientos y Asociados, despacho contratado por el propio Fonatur para hacer las gestiones para liberar los terrenos, la presionaron y amenazaron para depositar, a cuentas que ellos le indicaron, parte del pago, que ella recibió en nombre del ejido, por la ocupación previa de tierras con miras a la expropiación para el Tren Maya.
María Hernández, hija de Lilia Hernández, y vocera de la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya en Campeche -en la que se han agrupado autoridades ejidales en desacuerdo con las presuntas irregularidades cometidas por Barrientos y Asociados- explica que temen que las autoridades federales pretendan incriminar a los comisarios por el presunto robo del dinero que falta, no solo en Don Samuel, sino al menos en otros cinco núcleos ejidales.
“Tanto Fonatur como Barrientos y Asociados han insinuado a los pobladores, en reuniones y en privado, que son los comisarios quienes se quedaron con el dinero y de hecho nos dicen que ya hay una denuncia ante la FGR contra quien resulte responsable”, dice María Elena.
A través de una tarjeta informativa, Fonatur respondió a Animal Político, al preguntarle si se estaban investigando las irregularidades denunciadas por las autoridades ejidales y si habían ya interpuesto una denuncia, que, en efecto, la presentó ante la FGR, cuya sede se localiza en la Ciudad de México, “por diversos hechos presuntamente constitutivos de ilícitos y por ende transgresores de la ley penal, en detrimento y perjuicio de los derechos agrarios de los núcleos ejidales denominados: Luna, Lic. Miguel Alemán, Corte de Pajaral y Don Samuel todos estos ubicados en los municipios de Candelaria y Escárcega; y a su vez también perpetrados en perjuicio del patrimonio de esta Entidad del Gobierno Federal”.
Esta acción legal se emprendió, dice la tarjeta, “para que se inicie la carpeta de investigación que corresponda y se efectúen las acciones ministeriales que en derecho sean procedentes, y si existe la comisión de irregularidades de naturaleza penal, se determine a cuánto asciende el monto en numerario de lo presuntamente sustraído por diversos empleados de la empresa cuya razón social es BYA Barrientos y Asociados, S.A. DE C.V”.
También aseguró que el contrato con este despacho finalizó el 4 de julio del 2021 y no tiene considerado “volver a trabajar con dicho proveedor debido a las denuncias interpuestas por las comunidades a lo largo de la ruta del proyecto”.
A su vez, Lilia Hernández, presidenta del comisariado del ejido de Don Samuel, presentó también ante la FGR una denuncia en contra de quién o quiénes resulten responsables por hechos probablemente delictuosos, que pudieran configurar delitos por corrupción o contra las personas en su patrimonio.
Entre los hechos que Hernández denuncia están las presuntas presiones y amenazas que recibió por parte de empleados de Barrientos y Asociados para depositar a dos cuentas, designadas por ellos (Animal Político tiene copia de los presuntos comprobantes de los depósitos) más de 5 millones de pesos del pago al ejido por la ocupación previa de los terrenos con miras a la expropiación.
María Elena Hernández, señala que la denuncia se interpuso ante la Fiscalía General de la República pero esta no la quiso aceptar y se ingresó a la Fiscalía General del Estado de Campeche.
Como informó este portal el 9 de octubre de 2020, autoridades ejidales acusaban desde entonces al despacho Barrientos y Asociados de cometer diversas irregularidades en el proceso de liberación de los derechos de vía en los terrenos por donde pasará el Tren Maya, entre estas que no se les presentó un avalúo para negociar el precio de los terrenos, que no han visto los planos de afectación de la obra y que cuando firmaron los contratos de ocupación previa no sabían qué estaban firmando, porque no se les permitió leerlos.
Además acusaron que llamaron a las autoridades ejidales a firmar los contratos y recibir los cheques a la oficina de Fonatur en Campeche, sin que se negociara y se decidiera en Asamblea en las comunidades si se aceptaban o no los pagos, y que en el proceso no estuvo presente la Procuraduría Agraria, aunque debería haber estado para darles acompañamiento.
Delfino Gallegos, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido División del Norte, también en Escárcega, denuncia que Barrientos y Asociados falsificó actas de asamblea, en las que iban nombres y firmas de personas del ejido que participaron en supuestas reuniones donde se aprobó la ocupación previa, cuando esto en realidad no sucedió.
“Nos falsificaron las actas, están hasta las firmas y los sellos, cuando nosotros, los que aparecemos ahí, nunca firmamos eso”, dice Gallegos.
El director jurídico de Fonatur, Alejandro Varela, aseguró, después de que se publicara la nota de Animal Político del 9 de octubre, a pregunta expresa sobre el tema en una conferencia de prensa, que él personalmente revisaría el caso de los ejidos que denunciaron las irregularidades.
Pero María Elena Hernández y las autoridades agrupadas en la Unión de Ejidos, aseguran que Barrientos y Asociados siguió negociando y presentándose en las comunidades hasta que las denuncias de los ejidatarios llegaron a oídos del presidente y entonces le encomendó a Javier May, secretario de Bienestar, la tarea de poner orden.
“Ahora las autoridades, incluido Javier May, que se hizo presente en los ejidos, nos dicen que Barrientos y Asociados ya no participa en el proceso, que ya le rescindieron el contrato, pero no sabemos si eso es cierto ni tenemos la certeza de que las irregularidades y presuntos fraudes se estén investigando”, señala Hernández.
Representantes de los ejidos Don Samuel, División del Norte y sus Anexos, Pejelagarto, Miguel Alemán, y Miguel Colorado, expresaron en un comunicado su preocupación por el hecho de que las autoridades, “en vez de cumplir con su obligación de brindar seguridad a las personas de las comunidades y garantizar el derecho a ejercer la defensa de los recursos naturales, la tierra y el territorio, estén filtrando información sensible sobre las denuncias presentadas por miembros de la comunidad”.
Y solicitaron que “Fonatur informe sobre el resultado de la investigación que declaró que iniciaría en el caso denunciado contra Barrientos y Asociados. También hacemos un llamado respetuoso a la Fiscalía General del Estado y demás autoridades competentes para que den celeridad a las investigaciones y a la vez nos permitan conocer sobre el avance de nuestras denuncias”.
