Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan al ex director del Cisen, Eugenio Imaz, como probable responsable del espionaje con el sistema Pegasus a políticos, empresarios y periodistas, cuyos celulares fueron intervenidos entre 2013 y 2017.
Archivos Excel con la relación de las comunicaciones intervenidas fueron enviados por empleados de la empresa que comercializaba en México el software a correos electrónicos de funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuando su director era Imaz, en el sexenio de Enrique Peña.
Personal de la firma también entregó información de las personas espiadas en una casa de Lomas de Chapultepec de la que sólo sabía que era de una persona de nombre Eugenio.
Así lo declaró ante la FGR un testigo colaborador con nombre clave «Zeus», quien laboraba desde el 2013 en KBH Track, una filial de Grupo KBH, poseedora de una licencia de NSO Group para vender su software en México.
Así lo declara ante la Fiscalía General de la República un testigo colaborador con nombre clave «Zeus», quien asegura que en el sexenio pasado el espionaje era maquilado para el Gobierno federal desde oficinas de empresas particulares en Polanco.
«Esa información se entregaba en casa de Eugenio, en las Lomas, sin saber el domicilio», dice el ex empleado en un testimonio que rindió el 17 de junio de 2019 ante la Fiscalía, al que REFORMA tuvo acceso.
En aquel testimonio, el informante relató que el israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama daba las instrucciones para intervenir los objetivos y quien ejecutaba sus órdenes era Juan Carlos García Rivera, director de Tecnologías de Proyectos y Diseños VME.
También asegura que los dos lugares donde estaban instalados los centros de espionaje privados con Pegasus se localizaron por lo menos hasta el 2019 en Ejército Nacional 598 y 624, en Polanco, sedes de la citada VME y Traffilog, respectivamente.
Gracias a este testimonio, García hoy está en la cárcel vinculado a proceso y los inmuebles fueron cateados por la FGR.
En las oficinas, se aseguraron documentos y evidencias que hoy sólo conoce la Fiscalía, porque existe una orden judicial de reserva que impide que incluso el procesado y las propias víctimas del espionaje tengan acceso a ellas.
Ansbacher, el personaje central en esta historia, llegó a México como socio de algunas empresas de Samuel Avishai Naria, relacionado con los contratos del «búnker» que construyó la Secretaría de Seguridad Pública Federal de Genaro García Luna en Avenida Constituyentes.
Poco después, se independizó de Avishai y consiguió que Itzhak Gaolor Venger, director de Operaciones de NSO Group, otorgara la representación exclusiva de ventas en México a Proyectos y Diseños VME, una de sus tantas empresas que compartían el mismo domicilio y que la FGR presume que operaba con prestanombres.
Uri fundó Grupo KBH, al que pertenecen proveedoras de equipos de seguridad, refacciones aéreas, uniformes y tecnologías como Pegasus. Uno de sus empleados declaró que el que tenía responsabilidades de mando en sus empresas era Pini Ben David.
Ansbacher se fue del país desde hace tiempo y por ahora la FGR no ha presentado cargos penales en su contra.
Hallazgo fortuito
De acuerdo con «Zeus», fue casi fortuito que descubriera la intrusión telefónica a varias figuras públicas.
Cuenta que el 22 de octubre de 2015 Raúl González Contreras, chofer del israelí Ansbacher, le pidió su ayuda para enviar un archivo por correo electrónico (versión que la FGR no preguntó al conductor cuando rindió su declaración).
Era un archivo comprimido y encriptado en una memoria USB de 4 gigabytes, que el chofer no sabía cómo transferir, según el informante. Estaban en el Starbucks de Ejército Nacional y Lago Victoria, frente al Hospital Español.
Acompañó al chofer a las oficinas de la compañía, donde «sin intención» el ahora testigo colaborador le dio click a un archivo Excel y en la parte superior de cada columna aparecieron una serie de números, nombres y teléfonos.
Las casillas más pequeñas tenían leyendas indicativas como «video, audio, foto, mensajes, GPS, horario y perfil psicológico». En en esa lista encontró nombres muy conocidos de personajes públicos y periodistas, entre ellos Carmen Aristegui y Manuel Mondragón y Kalb, ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad.
En el campo de «observaciones» estaban marcadas todas las actividades que desarrollaba la periodista e incluso había fotografías de sus padres y, al parecer, de una sobrina, según el relato del testigo.
«Zeus» afirma que envió este archivo a un correo electrónico del Cisen, pero guardó una copia del documento.
Dos años más tarde, compartió el archivo con Aristegui y en 2019 lo entregó a la FGR. Los metadatos del documento electrónico arrojan que fue registrado el 28 de agosto de 2015 en una computadora a nombre de «Marcos Suárez», es decir, Marco Antonio Suárez Cedillo, identificado como el jefe del hoy detenido García Rivera.
Una de las evidencias aportadas por «Zeus» es una «sábana» de registro de 462 llamadas marcadas o recibidas por Mondragón, durante sus primeros nueve meses en la CONASE. Destacan las de su secretario particular, Pedro Escamilla Soto; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo; el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y los de Defensa y Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón.
Del ex comisionado también obtuvieron registros de 211 correos electrónicos, 20 mensajes de texto, llamadas con 12 reconocidos periodistas y la lista de todos sus contactos telefónicos.
Mondragón fue espiado por Pegasus desde el 25 de febrero al 6 de noviembre de 2013, es decir, lo intervinieron desde el día en que el Senado ratificó su nombramiento como jefe de la CONASE.
Una de las sospechas de que estas intervenciones probablemente estaban relacionadas con el Cisen, es que la FGR compró el software a los israelíes hasta el 2014, un año más tarde.
El operador
Juan Carlos García Rivera, el director de Tecnologías de Proyectos y Diseños VME, era el único que operaba desde la empresa la intervención telefónica con Pegasus, declaró el testigo colaborador «Zeus».
Según su dicho, García Rivera tenía su oficina en el piso 4 del edificio de Ejército Nacional 598, despachaba con una computadora Touch Book de uso militar y en su mesa de trabajo contaba con 5 gabinetes metálicos con soporte técnico para celulares y 36 discos duros de 4 tetrabytes cada uno.
Arriba, en el quinto piso del edificio, estaba la oficina de Ansbacher, quien instruía a García la intercepción telefónica de los objetivos, según «Zeus».
Regularmente, García mandaba a algún empleado a comprar 15 teléfonos celulares que aparentemente serían utilizados para enviar links con el virus de Pegasus a los números telefónicos que se pretendían intervenir.
De acuerdo con «Zeus», en 2015 García Rivera le presumió que había vendido el software a la Sedena y le permitió estar presente en una prueba de intercepción telefónica con el equipo que entregaría en ese contrato.
«Él me mostró a mediados de abril de 2015 (el Pegasus) y me presumió que iba a ganar 84 millones de dólares y que se iba a volver el consentido de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama y que en ese momento se encontraba haciendo pruebas de intervención de números telefónicos», declaró el informante de la Fiscalía.
«Zeus» observó en aquella ocasión la intervención de un objetivo en tiempo real, en pantalla tuvo a la vista el número telefónico, el email y la dirección IP del celular. Recuerda que cuando entraron al dispositivo, no tenía mensajes de texto.
Las autoridades presumen que varios de los mensajes con el link que infectaba los aparatos, eran enviados desde números telefónicos registrados con identidades falsas o usurpadas.
El 6 septiembre de 2018 la FGR llamó a declarar a Eduardo Timón Bernal, titular del número telefónico del que salió uno de los 24 mensajes enviados a Aristegui para tratar de infectar su dispositivo con Pegasus.
Al rendir su declaración, Bernal dijo nunca haber tenido ese número celular ni enviado el mensaje a la periodista.
