El Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que de enero de 2019 a junio de 2022, es decir, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, se han abierto 2 mil 944 investigaciones en contra de funcionarios públicos de ese órgano autónomo. Incluyen casos graves como cohecho, desvío de recursos y tráfico de influencias, que en algunos casos terminaron en destituciones e inhabilitaciones.
De acuerdo con un informe que el OIC de la fiscalía entregó a la Cámara de Diputados, 101 de las investigaciones atendidas corresponden al año 2019; otras 584, a 2020; mil 422 más, datan de 2021; mientras que en 2022 se atendieron 837.
De las 2 mil 944 indagatorias, 2 mil 20 son por conductas no graves, como falta de respeto, uso indebido de documentación o información, omisión o deficiencia de funciones, ejercicio indebido, incumplimiento de leyes y retrasos en la presentación de declaraciones patrimoniales.
De las investigaciones de casos no graves, 22 corresponden a 2019; 364, a 2020; mil 205, a 2021 y 429, a 2022.
También se tiene registro de 24 averiguaciones por conductas graves, de las cuales, cinco se presentaron en 2019 por desvío de recursos (una), abuso de funciones (tres) y desacato (una). En 2020, 15 servidores públicos fueron investigados por cohecho (uno), desvío de recursos (uno), tráfico de influencias (uno) y abuso de funciones (12). En 2021 se indagaron tres casos de abuso de funciones y uno de desacato.
En 2022, según el informe, no se han presentado casos graves.
Las indagatorias corresponden a servidores públicos pertenecientes a la fiscalía, incluyendo agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos y policías federales ministeriales.
De las 2 mil 944 investigaciones, el Órgano Interno de Control de la FGR detalló que 900 ya están concluidas.
En 356 casos, se archivaron los expedientes por no encontrar responsabilidades. De ese total, 64 corresponden a 2019; 144, a 2020; 111, a 2021 y 37, a 2022.
En otros 544 casos se determinaron presuntas responsabilidades; 10 para indagatorias correspondientes al año 2019; 61, a 2020; 102, a 2021 y 371, a 2022.
La mayoría de las sanciones fueron administrativas, mientras que 53 servidores públicos recibieron amonestación (10), destitución (dos), inhabilitación (cuatro) y suspensión (37).
