La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) se negaron a informar acerca de la situación actual de los 47 reos fugados el 17 de octubre de 2019, durante el llamado Culiacanazo.
A través de dos solicitudes de información pública se pidió el estatus actual de los entonces presidiarios, es decir, si continuaban prófugos o fueron recapturados. Las dos dependencias reservaron la información por cinco años. El argumento que utilizaron fue que estos datos forman parte de carpetas de investigación abiertas.
Tras las respuestas, se presentaron dos recursos de revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP), órgano garante al que se le expuso que la SSP y la FGES vulneraron el derecho a conocer la verdad sobre un hecho público de alto impacto que tuvo relevancia nacional e internacional. El Culiacanazo es una de las crisis de seguridad más grandes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al intervenir, la CEAIP detectó que las instituciones obligadas no acreditaron las reservas, presentaron inconsistencias y no justificaron la prueba de daño; es decir, no demostraron que al hacer pública la información se afectaría una investigación abierta.
“[La reserva] tiene inconsistencias y adolece de errores en su clasificación”, se lee en una de las resoluciones de la CEAIP ante la respuesta de la SSP.
De acuerdo con una línea de tiempo sobre los hechos ocurridos durante el Culiacanazo, elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y encontrada en los correos filtrados por Guacamaya, ese día se reportó la fuga de 51 reos que escaparon del penal de Aguaruto, Culiacán, en medio del caos por la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
La Sedena detalló que por la noche, alrededor de las 22:20 horas, dos reos regresaron por su propia cuenta y se confirmó que dos más se encontraban adentro del penal. La cifra oficial de prófugos se redujo a 47 personas.
De acuerdo con la información, entre los prófugos hay 33 personas acusadas por delitos del fuero federal y 14 por delitos del fuero común, quienes escaparon de siete módulos distintos.
También se realizó una solicitud de información a la Fiscalía General de la República (FGR), pero ésta respondió que la autoridad penitenciaria local es la responsable del registro de personas que ingresan y egresan del penal. La FGR señaló a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa como sujeto obligado competente.
En su resolución, la CEAIP revocó la reserva por cinco años de la SSP, ordenó clasificar como confidencial la información y argumentar la incompetencia parcial del sujeto obligado para informar del hecho.
De acuerdo con la CEAIP, la Fiscalía General del Estado es la instancia competente, aunque a través de otra solicitud similar, esta dependencia también se negó a informar.
El órgano garante también le ordenó a la secretaría que entregara datos estadísticos sobre los reos fugados: cuántos fueron recapturados, cuántos han fallecido y cuántos siguen prófugos. La SSP sólo acató la reclasificación como confidencial y se pronunció parcialmente incompetente, pero se negó a otorgar la información estadística.
La votación de los comisionados de la CEAIP estuvo dividida, uno de los tres comisionados, José Alfredo Beltrán Estrada, expuso un voto concurrente en el que apoyó la revocación de la reserva, pero se inconformó con varios puntos.
José Alfredo Beltrán Estrada dijo estar en desacuerdo con la clasificación confidencial de los datos porque en la solicitud de información no se pidieron nombres, sino el estado de los reos, prófugos o recapturados.
El comisionado también destacó que la publicidad del estado de los reos fugados abona a la rendición de cuentas.
La CEAIP le ordenó a la Fiscalía General del Estado proporcionar la versión pública de la situación jurídica actual de cada uno de los reos fugados, pero hasta el momento la información no ha sido entregada, a pesar de que tenía como plazo límite el 13 de septiembre pasado.
Tras un largo proceso para lograr acceder a la información, el caso actualmente se encuentra en el ámbito del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ante el que se recurrió a través del recurso de inconformidad RIA-1145/22, como última instancia para hacer valer el derecho a la información pública.
