Cd. de México (18 febrero 2023).- El Coronel Rafael Alejandro González Hernández, ex subdirector de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), enfrenta un proceso penal por presuntamente contratar en forma ilegal impermeabilizantes por más de 252 millones de pesos, en 2019, de los cuales más de 179 millones se transfirieron a un subalterno.
La empresa proveedora Sinergia Integral Cristowen desvió el 70 por ciento de los recursos del contrato al Capitán Jorge Luis Aparicio Rojas, subordinado de González Hernández.
La Fiscalía castrense acusa al Coronel por uso ilícito de atribuciones y facultades, proceso que se lleva a cabo en el Segundo Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar, en la Ciudad de México, y por el cual el acusado sigue en libertad provisional.
«Al desempeñarse como subdirector general de Ingenieros, ilícitamente realizó adquisiciones de servicios con recursos públicos, originando un daño al presupuesto designado para el ejercicio presupuestal 2019, a la Sedena por 61 millones 124 mil 739 pesos, con lo cual lesionó el patrimonio de dicha Secretaría y la disciplina militar», refiere la Fiscalía castrense.
El Coronel fue detenido en la Guarnición Militar de Palomas, en Chihuahua, y entre el 24 de agosto de 2021 y el 7 de julio de 2022 estuvo preso en el Campo Militar Número Uno, en prisión preventiva justificada y procesado por el delito ya mencionado y también por fraude.
Después de casi un año en la cárcel, el Octavo Tribunal Colegiado Penal le otorgó a González Hernández un amparo que anuló el delito de fraude por falta de elementos y le concedió el cambio de medida cautelar, lo que significó que llevará su proceso fuera de prisión.
Al militar se le acusa de siete presuntas irregularidades en el contrato para impermeabilizar 587 mil metros cuadrados de las 12 Regiones Militares del País; sin embargo, no del desvío del dinero a las cuentas de su subordinado.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Militar, una de las ilegalidades es que el Coronel no contaba con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para suscribir el contrato.
Tampoco publicó en Compranet, como era su obligación, los trámites de la contratación, entre otros.
El acuerdo firmado por el Coronel dejó a cargo de Aparicio la adquisición de las herramientas de consumo, la mano de obra para la aplicación de la impermeabilización y realizar los trabajos de mantenimiento preliminares, en su calidad de coordinador de los trabajos de impermeabilización y pintura de la Dirección General de Ingenieros.
«Dicho convenio fue firmado al margen de la Ley de Obra Pública, contraviniendo el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral 3.5.3 de la invitación a cuando menos tres personas», dice la Fiscalía castrense.
La autoridad ministerial también le reprocha al Coronel no haber exigido la presentación de la póliza de fianza de garantía de cumplimiento, equivalente al 10 por ciento ante el IVA en el monto total del contrato, «favoreciendo a la empresa al no garantizar el cumplimiento».
Adicionalmente, tampoco habría realizado el levantamiento de las actas de incumplimiento en contra de la empresa para la aplicación de las penas convencionales en que incurrió la moral de referencia.
Otro hecho que acusa de indebido es que, después de suscribir el contrato, el Coronel ordenó a las comandancias de las 12 Regiones Militares «que le pagaran a la empresa de referencia los trabajos de impermeabilización cuando estos no se habían materializado».
Finalmente, al acusado le atribuyen haber designado a su subordinado como coordinador de los trabajos de impermeabilización y pintura de la Dirección General de Ingenieros y, responsable de la vigilancia y supervisión, así como de ejecución y cumplimiento de los trabajos de mantenimiento preliminar.
Cabe decir que la Unidad de Inteligencia Financiera fue la que detectó el primer indicio de ilegalidad, al descubrir que más de 179 millones de pesos fueron depositados en las cuentas del Capitán Aparicio en BanCoppel y Banjército, entre mayo y junio de 2019.
