Indolente y miserable es el comportamiento de la administración de Américo Villarreal Anaya ante los delitos de lesa humanidad cometidos desde el primero de octubre hasta la fecha en que tomó posesión del poder ejecutivo.
Claro, hay que señalar que no tiene las otras dos (cualidades), por su incompetencia y porque no tiene mano política, solo delincuencial. El primer año de este sexenio ha sido marcado por la sangre, violencia y un aparato comunicacional deficiente, que en vez de dar soluciones al pueblo, ha causado problemas. Debería erradicarlo y contratar a profesionales ya que utiliza nuestros impuestos.
Lejos de la propaganda y su versión malintencionada que siempre busca descalificar a los críticos y evadir la realidad, las estadísticas presentadas por las instituciones federales son alarmantes. Tanto es así que se han esmerado en contratar hasta reporteros para tratar de diseminar el verdadero mensaje y hacer lo que tanto dijo que no haría: convertir a Tamaulipas en una zona silenciada. Lo que es otro delito más acumulado.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) es una herramienta prevista en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que permite determinar desde el año 1960 cuántas personas desaparecidas existen en México. Un logro en el que se trabajó desde el año 2019 junto a mi compañera defensora, Carla Quintana, ahora titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Gracias a esta herramienta, hemos podido saber que Tamaulipas cuenta con 350 niños y niñas desaparecidos, de edades entre el año y los 17 años y 11 meses cumplidos, lo que nos da una cifra alarmante de desapariciones forzadas de menores.
Esto realmente no le interesa al gobierno de Tamaulipas, ya que dentro de las violaciones sistemáticas a sectores vulnerables de la población, existen otras prioridades, como la campaña de Claudia Sheinbaum y cuidar que los funcionarios no sean ejecutados por no cumplir acuerdos con el narcotráfico.
Otro de los panoramas que engloban estas violaciones sistemáticas es el de los depredadores que ocupan áreas estratégicas del gobierno, desde el junior del bienestar, Américo Villarreal Santiago, hasta funcionarios terceros de la alcaldía capitalina.
Dentro de los registros de denuncias de instituciones, destacan la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde su ahora secretario de administración, Marco Antonio Batarse Contreras, (premiado por el Rector) cuenta con 5 denuncias por acoso sexual reservadas -Si reservadas-, en la Fiscalía General de Justicia, de las cuales 3 de ellas han llegado a la agresión. Sin embargo, ser compadre del gobernador te cubre con un manto redentor mientras te robas los recursos públicos para la campaña de “La Calca”.
Otro caso es el de Fernando Arizpe Pedraza, Director General del CONALEP, quien ya graduado como criminal después de asesinar al amante de su esposa y estar preso en Estados Unidos varios años por el crimen, hoy redimido por MORENA, cuenta con 17 denuncias internas y 3 denuncias detenidas en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas por acoso sexual, agresiones y amenazas de muerte contra mujeres que no han accedido a sus más sucios deseos de sexagenario.
En la radiografía delincuencial, el Director de Comunicación Social de la Secretaría del Bienestar, Fernando Said Acuña Godínez, y asesor del gobernador, como lo indica el kárdex de su puesto, además hijo del subsecretario de comunicación social del DIF y ex periodista Fernando Acuña Piñeiro (otro agresor de mujeres), fuentes de la fiscalia informan que cuenta con una orden de restricción de un juez por acoso sexual de su ex novia, una jovencita de familia victorense, a la cual este funcionario presuntamente sigue acosando. ¡Vaya familia!
Sin dudarlo, el ejemplo viene desde la primera figura de “liderazgo” estatal, el médico Villarreal, quien acosó junto a su hijo a su ex nuera, Brenda García Martínez, quien denunció en octubre del 2014 al ex senador y a su hijo después de ser acosada al grado de secuestrar a sus dos menores hijos. Gracias al poder del senado, el ahora gobernador pudo quitarle la tutela de los niños, y «Ameriquito» quedó impune después de propinarle sendas madrizas en las cuales una de ellas le reventó la quijada. Todo obra en expedientes, nada es invento, ambos son agresores y secuestradores de mujeres y menores.
En el cierre de las injusticias, el ayuntamiento capitalino está podrido de pies a cabeza. Desde su alcalde, quien golpeó a su esposa hace años y ahora simulan ser una familia perfecta, hasta incentivar que delincuentes como asesores terceros tengan cabida después de presuntamente agredir sexualmente a menores de edad. Hace algunas semanas ha arreciado una campaña de visibilización del funcionario municipal y ex asesor de comunicación social del gobierno priista de Egidio Torre Cantú, Jorge Tinajero Balat, quien es denunciado por una mujer que sufrió las consecuencias de estar en el camino de este sujeto.
Y así, otros más funcionarios de la administración ‘gatastrófica’ de MORENA que hoy fingen ser asesores del munícipe han rodado por celulares videos sexuales de sus parejas de noche o de aventuras, cual competencia de talentos. Son cazadores, depredadores y algunos hasta han pagado por ello con cheques de plástico, cuando trabajaban en San Luis Potosí…
Queda claro que en Tamaulipas, la justicia solamente es un espejismo, que no cuenta con autoridad.
Desgraciadamente, las acciones de los hombres del gobierno tamaulipeco dejan a María de la Luz Santiago Diez de Bonilla “La vitamina” como una mujer sin palabra, ni representación, mucho menos respeto.
Y eso se mama desde casa.
A chambear.
@GildoGarzaMx
