Ciudad de México.- Hasta el 11 de agosto pasado, el Registro Nacional de Profesiones dejaba en evidencia una laguna significativa en sus registros: la cédula profesional de Francisco Cuéllar Cardona, actual Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas bajo el mando de Américo Villarreal Anaya, no se encontraba inscrita. Este individuo, antes periodista desplazado protegido por el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación de la República (SEGOB) hoy funcionario y con una carrera inconclusa, ahora se encuentra en el epicentro de una controversia que destapa las deficiencias en los procesos de selección y nombramiento de funcionarios públicos en el estado.
Según la declaración de bienes patrimoniales actualizada de Cuéllar Cardona, presentada en marzo y disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, ocupó ilegalmente el puesto de Coordinador de Comunicación Social, desempeñando un rol para el cual no cumplía con el requisito primordial: poseer un título profesional. La información revela que, en el momento de su nombramiento, Francisco Cuéllar, exdirector editorial del periódico «Expreso de Tamaulipas» y actual socio de la firma editorial, carecía de esta titulación, poniendo al descubierto una inquietante omisión en la evaluación de los perfiles para cargos públicos.
El asunto se torna más complejo cuando se considera que la Universidad Autónoma de Tamaulipas otorgó el título y la cédula profesional a Cuéllar Cardona en un lapso de menos de dos semanas. Es relevante señalar que Manuel Mario Aguilar González, subordinado de Cuéllar, recibió el nombramiento como Jefe de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas el 7 de agosto pasado. Esta circunstancia plantea dudas sobre la integridad del proceso y la rapidez con que se expidieron estos documentos.
La Contraloría Gubernamental, entidad encargada de asegurar el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado, al parecer omitió detectar esta situación durante casi un año. Aunque la normativa establece claramente los requisitos mínimos que los servidores públicos deben cumplir para asumir sus responsabilidades, estas deficiencias en la revisión de antecedentes generan cuestionamientos acerca de la efectividad de los mecanismos de control y selección.
El Manual de Organización de la Coordinación de Comunicación Social, bajo el cual opera esta área, exige de manera explícita que el titular posea un «título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionada con las funciones del puesto y preferentemente con estudios de postgrado». En este contexto, la designación de Cuéllar Cardona sin cumplir con este requisito constituye una transgresión a la legalidad y la transparencia.
Las contradicciones en la información proporcionada por Cuéllar ante la Contraloría Gubernamental agravan la situación. Mientras afirmaba haber concluido su licenciatura en una declaración, en otra parte de la misma información se contradecía, indicando que su formación en Relaciones Públicas estaba incompleta. Además, documentos oficiales sugieren una posible manipulación de su título, al figurar en algunos casos como «Licenciado» y en otros como formación truncada.
Estos hechos no son los únicos puntos oscuros en la trayectoria de Cuéllar Cardona. Su paso por «La Talacha del Noreste.Com», un portal de noticias que actualmente dirige su hijo Illich Cuellar, y sus vínculos con diarios de Victoria y Nuevo Laredo, también plantean inquietudes sobre su integridad y ética periodística. Ahora, como funcionario público, Cuéllar se ha convertido en un individuo criticado por su papel de victimario en contra de críticos y en acomodar a sus amigos y familiares en estructuras gubernamentales.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que los titulares de secretarías deben emitir manuales de organización y procedimientos. No obstante, este proceso no ha sido implementado en este caso particular. La Coordinación de Comunicación Social continúa operando según el Manual de Organización vigente desde 2014, lo que pone en evidencia una falta de actualización en los procedimientos y protocolos.
La plataforma de la Secretaría de Educación Pública confirmó que, a pesar de las contradicciones en las declaraciones de Cuéllar, este obtuvo su cédula profesional recientemente. Esta situación, junto con la ausencia de un historial académico, plantea preguntas sobre la legitimidad de este documento, sugiriendo que la obtención del título y la cédula podrían haber sido apresuradas para enmascarar su perfil.
El caso de Francisco Cuéllar Cardona resalta una problemática sistémica en la selección y nombramiento de funcionarios públicos en Tamaulipas. La falta de transparencia, la negligencia en la revisión de antecedentes y la posible manipulación de documentos generan interrogantes sobre la integridad y ética de los involucrados en este proceso. La sociedad exige respuestas claras y medidas concretas para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales y garantizar que los cargos públicos sean ocupados por individuos idóneos y éticos, en estricto apego a la ley y la transparencia.
