Ciudad Victoria.- En una reciente revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022 del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se han descubierto alarmantes irregularidades en la gestión de fondos públicos, especialmente en el área de arrendamiento de maquinaria. El Presidente Municipal, C. Eduardo Abraham Gattás Báez, lidera la lista de señalados, junto con otros funcionarios municipales. Estas acusaciones han sido formalmente presentadas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Arrendamiento de Maquinaria (Ejercicio 2022): Un Despliegue de Corrupción
Durante el ejercicio fiscal 2022, el Ayuntamiento realizó pagos significativos por arrendamiento de maquinaria, alcanzando la cifra alarmante de $13,594,204.18 millones de pesos. Sin embargo, estos desembolsos carecen de la justificación necesaria, desatando una serie de hallazgos que indican un posible mal manejo de los recursos públicos.
Grupo Constructivo Mendoza: Un Proveedor en la Mira
La empresa Grupo Constructivo Mendoza S.A. de C.V. es el epicentro de las irregularidades. El análisis detallado de las transacciones revela una red de acciones sospechosas:
En una transacción aparentemente fraudulenta, Grupo Constructivo Mendoza S.A. de C.V. vendió una Retroexcavadora a la empresa Grupo de Seguridad Privada Empresa Rial de Tamaulipas S.A. de C.V. por $30,000.00 pesos mexicanos el 28 de febrero de 2022. Este precio es sorprendente, ya que la misma retroexcavadora fue adquirida por Grupo Constructivo Mendoza S.A. de C.V. el 3 de octubre de 2021, generando dudas sobre la legalidad de esta transacción.
La maquinaria en cuestión, una Retroexcavadora Case Modelo 580k con N° de Serie JJG0031745, fue adquirida por Grupo Constructivo Mendoza S.A. de C.V. por $30,000.00 según factura, pero el Municipio pagó un importe mensual de $60,320.00 por su arrendamiento durante 10 meses, resultando en un quebranto de más de $570,000.00 al erario.
Otras operaciones con Grupo Constructivo Mendoza S.A. de C.V. revelan patrones similares, donde los costos de la maquinaria en factura son considerablemente menores que los montos pagados por el Ayuntamiento, generando quebrantos adicionales de cientos de miles de pesos.
Adjudicación Viciada y Contrato Fraudulento
El proceso de adjudicación que llevó a la selección de Grupo Constructivo Mendoza S.A. de C.V. como proveedor presenta irregularidades. Aunque la empresa no cumplía técnicamente con las características del concurso, resultó ganadora. Esto, junto con la firma de un contrato en febrero de 2022, donde el proveedor afirmó tener posesión legal de la maquinaria, es cuestionable ya que, según la evidencia posterior, no tenía dicha posesión en ese momento. Este acto generó un quebranto de $3,201,600.00.
Servidores Públicos Responsables en la Lupa de la Auditoría
Los siguientes servidores públicos, quienes formaron parte del proceso de adjudicación y firma del contrato, están siendo investigados por la Auditoría Superior del Estado:
- C. Eduardo Abraham Gattás Báez (Presidente municipal)
- Dr. Daniel Eugenio Fuentes Navarro (Oficial Mayor)
- C.P. Luis Carlos Cisneros Gómez (Tesorero Municipal)
- Lic. Alberto Loya López (Coordinador de Licitaciones, Contratos y Compras)
- C.P. Sergio Estrada Cobos (Contralor Municipal)
- M.I.I. Oswaldo Mauricio Valdéz Sánchez (Secretario de Servicios Públicos)
Compra de Camión Recolector (Ejercicio 2023): La Corrupción Persiste
La Cuenta Pública del ejercicio 2023 arroja luz sobre otra transacción irregular, esta vez relacionada con la compra de un camión recolector a la Comercializadora Osodiur S.A. de C.V.
Irregularidades en la Compra del Camión Recolector:
El proveedor Comercializadora Osodiur S.A. de C.V. vendió al Municipio un camión compactador de materiales usado por $1,195,680.00 el 24 de mayo de 2023.
Sorprendentemente, se descubrió que el mismo camión fue adquirido por el proveedor 21 días antes de la venta al Municipio, a un costo significativamente menor de $58,000.00, generando un quebranto al erario de $1,137,680.00.
Estos eventos refuerzan la urgencia de una investigación a fondo para determinar responsabilidades, aplicar sanciones correspondientes y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. La corrupción en la administración pública no puede ser tolerada, y es responsabilidad de todos los ciudadanos exigir transparencia y rendición de cuentas.
