Ciudad de México. – En un sorprendente giro de los acontecimientos, la fiscalía general de la República (FGR) formalmente retiró su requerimiento para interrogar en calidad de testigo a Omar García Harfuch, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y a otros 30 funcionarios en relación con el caso Pegasus.
La decisión fue anunciada durante la continuación de la audiencia de Juan Carlos García Rivera, acusado por su presunta participación en el delito de intervención ilegal de comunicaciones mediante el software Pegasus. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) presentó formalmente al juez la solicitud de desistimiento, argumentando que sería redundante citar a los exfuncionarios con el propósito de confirmar la adquisición de Pegasus por parte de la entonces PGR.
Entre los funcionarios llamados a comparecer se encontraban destacadas figuras como Cristian Noé Ramírez Gutiérrez, exadministrador de Pegasus, y Gustavo Salas, ex subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada.
Durante la audiencia celebrada en los juzgados del Reclusorio Sur este jueves, el general brigadier Pedro Bonilla, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reveló que la dependencia adquirió el controvertido programa entre 2011 y 2013. Asimismo, declaró desconocer si el convenio fue gestionado por el Centro Militar de Inteligencia u otra área del Ejército, subrayando que informó a la FGR en su momento sobre la adquisición del software.
La defensa legal de García Rivera resaltó la relevancia de que el juez tomara conocimiento de que no solo la FGR estaba en posesión de Pegasus, sino también otras dependencias, incluida la Sedena.
«Se programaron nuevas audiencias para el 5 de enero, donde Juan Carlos rendirá testimonio; el 8 de enero presentaremos nuestros alegatos de clausura y, finalmente, el 9 de enero se emitirá el fallo», expresó el abogado Samuel Ibarra. Este inesperado giro en el caso Pegasus deja múltiples interrogantes sobre la investigación y la posible implicación de las autoridades en el uso de este polémico software de espionaje.
