Al adentrarnos en el último año de este gobierno, los resultados en el ámbito de la salud son nada menos que atroces: desabasto generalizado de medicamentos, colapso en las coberturas de vacunación, aumento de muertes maternas, caída en la atención médica, descenso de la esperanza de vida y un repunte de los gastos catastróficos.
La situación se agrava con un deterioro institucional que complicará la tan necesaria reconstrucción de nuestro sistema de salud. La Secretaría de Salud federal, en particular, termina este sexenio envuelta en desprestigio, devaluación y despojo.
El desprestigio se atribuye principalmente al fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y a la gestión desastrosa de la pandemia. La decisión de eliminar el Seguro Popular en 2019 y dejar la prestación de servicios de salud en manos del Insabi resultó en una disminución sin precedentes de la cobertura de atención. Según el Coneval, el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud aumentó de 20 millones en 2018 a 50 millones en 2022.
El empobrecimiento de la oferta de servicios públicos, la falta de medicamentos debido al desmantelamiento imprudente de la compra consolidada y la ineficaz ocurrencia de la megafarmacia han impulsado el uso de servicios privados de salud y el gasto de bolsillo. Este aumento en el gasto ha llevado a un incremento de los hogares con gastos catastróficos por motivos de salud, que pasaron de 2.7 millones en 2018 a 4.7 millones en 2020, una cifra que se mantuvo en 2022. Estos niveles de desprotección financiera no se veían en México desde hace 20 años.
La gestión de la pandemia de Covid fue otro gran desacierto. Al cierre de abril de 2023, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud informaba de más de 770 mil muertes por Covid-19 en México, una de las cifras más altas del mundo. Este exceso de mortalidad también resultó en la primera reducción generalizada de la esperanza de vida en un siglo, retrocediendo hasta el nivel de 1991 en 2021.
La devaluación de la Secretaría de Salud es consecuencia de la transferencia del poder al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ante el fracaso del Insabi, en lugar de reconocer errores, el gobierno optó por una nueva y mal concebida aventura: el IMSS-Bienestar. Este nuevo organismo, confusamente denominado, centraliza la responsabilidad de prestar servicios de salud a la población sin seguridad social, pero limita el acceso a las instalaciones del IMSS ordinario.
Además, la transferencia de recursos y funciones cruciales de rectoría de la Secretaría de Salud al IMSS-Bienestar implica la entrega de facto del poder del sector salud al IMSS, debilitando los órganos centrales del Estado.
La herencia que deja la administración de la 4T incluye una Secretaría de Salud no solo desprestigiada, sino también disminuida en recursos y poder, lo que socavará la efectividad de su función rectora. Al despojo de funciones se suma el insulto final de cerrar su emblemática sede en Lieja, ahora destinada a convertirse en museo.
Este desmantelamiento institucional exige al próximo gobierno tareas inmediatas y urgentes: reconstruir el sistema de compra consolidada de medicamentos, establecer un plan de emergencia para revertir el aumento de muertes maternas, fortalecer el Programa de Vacunación Universal y rediseñar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. También será crucial reafirmar el papel rector de la Secretaría de Salud, restablecer su sede en Lieja y trabajar hacia un sistema de salud verdaderamente universal y efectivo. La renovación del sistema de salud es esencial para garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio efectivo de sus derechos en este ámbito crucial.
