México.- En medio de una creciente crisis política y social que incluye una polémica reforma judicial, la presión de Estados Unidos por el combate al narcotráfico, y el reciente golpe mediático con la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber encontrado un nuevo distractor: el posible llamado a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso Ayotzinapa.
La declaración del presidente López Obrador, donde sugiere que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien decida si Peña Nieto debe ser llamado a declarar, ha generado una oleada de especulaciones. Según López Obrador, la decisión está en manos de la FGR y dependerá de si existen elementos suficientes para involucrar al expresidente en la creación de la controvertida «Verdad Histórica» sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta narrativa, ampliamente criticada por su falta de transparencia y por las inconsistencias en la investigación, ha sido señalada como un encubrimiento de las verdaderas responsabilidades.
Sin embargo, esta nueva posible acción judicial contra Peña Nieto levanta sospechas. A lo largo del sexenio, López Obrador ha utilizado una serie de estrategias para desviar la atención de temas críticos que amenazan con erosionar su imagen y la estabilidad de su gobierno. El caso Ayotzinapa ha sido un tema de alto perfil y gran sensibilidad en México, y su resurgimiento en la agenda pública podría funcionar como un cortina de humo ante las crecientes críticas hacia la administración actual.
En las últimas semanas, el gobierno mexicano ha enfrentado presiones internas y externas de gran magnitud. La reforma judicial ha sido calificada por muchos como un ataque a la independencia del poder judicial, mientras que la captura de «El Mayo» Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, ha puesto de nuevo en el centro del debate la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno. Además, Estados Unidos ha incrementado su presión sobre México, exigiendo resultados más contundentes en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
En este contexto, revivir la posibilidad de enjuiciar a Peña Nieto podría servir no solo para distraer a la opinión pública, sino también para proyectar una imagen de compromiso con la justicia, especialmente en un momento donde la credibilidad del gobierno está siendo cuestionada. El uso de Peña Nieto como un «chivo expiatorio» no sería una sorpresa en el panorama político mexicano, donde los exmandatarios son frecuentemente utilizados como herramientas para desviar la atención de los problemas presentes.
Pero la pregunta que surge es: ¿realmente se busca justicia en el caso Ayotzinapa, o estamos siendo testigos de otro episodio en la larga lista de distractores del gobierno? Con el final del sexenio acercándose, la maniobra de poner a Peña Nieto en la mira puede ser vista como un intento desesperado por mantener el control de la narrativa política y desviar la atención de las crecientes crisis que enfrentan tanto el presidente López Obrador como su proyecto de transformación.
El desenlace de esta nueva táctica aún está por verse, pero lo que es claro es que la administración actual sigue recurriendo a estrategias de distracción para evitar enfrentar de frente los verdaderos desafíos del país. En lugar de ofrecer respuestas claras y soluciones efectivas, se recurre a viejos enemigos y casos no resueltos para mantener a la ciudadanía enfocada en el pasado, mientras el presente sigue plagado de incertidumbres y promesas incumplidas.
