México.- En un nuevo episodio de su ya conocida obstinación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido una vez más desafiar las advertencias de Estados Unidos y Canadá, esta vez en relación con la reforma al Poder Judicial en México. A pesar de las señales claras de que estas modificaciones podrían afectar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente ha optado por anteponer lo que él denomina «soberanía» sobre cualquier acuerdo internacional, poniendo en riesgo no solo la relación con sus socios comerciales, sino también la estabilidad económica del país.
Durante su conferencia matutina de este lunes, López Obrador fue cuestionado sobre las preocupaciones expresadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, quienes han señalado que la reforma al Poder Judicial podría contravenir los principios del T-MEC, un tratado que ha sido fundamental para el comercio y la inversión en la región. La respuesta del presidente no dejó lugar a dudas sobre su postura: «Sí, sí (…) aún en el caso que, no es real de que hubiesen sanciones a México, nosotros los mexicanos tenemos que poner por delante nuestra soberanía. No podemos someternos (…) eso está por encima de cualquier tratado».
Con estas palabras, López Obrador parece dispuesto a sacrificar el bienestar económico del país en aras de un concepto de soberanía que, en la práctica, ha sido utilizado para justificar decisiones controvertidas y, en muchos casos, dañinas para México. La reforma judicial, que ha sido ampliamente criticada por su posible impacto en la independencia del Poder Judicial, es solo la última en una serie de políticas que han generado tensión con los socios del T-MEC.
La obstinación del presidente en avanzar con esta reforma, a pesar de las advertencias, no solo refleja una terquedad peligrosa, sino también una incomprensión de las consecuencias que podría tener para México. El T-MEC ha sido una pieza clave en la estabilidad económica del país, proporcionando un marco para el comercio y la inversión que ha beneficiado a millones de mexicanos. La posibilidad de que este tratado se vea afectado por la reforma judicial podría tener repercusiones devastadoras para la economía, desde la pérdida de empleos hasta la reducción de inversiones extranjeras.
Además, la postura de «soberanía antes que cualquier tratado» ignora el hecho de que la soberanía no es incompatible con el respeto a los acuerdos internacionales. México, como cualquier otro país, tiene la obligación de cumplir con los tratados que ha firmado, y hacerlo no significa una pérdida de soberanía, sino una responsabilidad con la comunidad internacional y, más importante aún, con su propia población.
El peligro de esta estrategia es evidente: si Estados Unidos y Canadá deciden que la reforma judicial viola los términos del T-MEC, podrían imponer sanciones o incluso retirarse del acuerdo, lo que sería un golpe durísimo para México. Ante esta posibilidad, la terquedad de López Obrador no solo es imprudente, sino también potencialmente catastrófica.
La pregunta que surge es si el presidente está dispuesto a sacrificar el futuro económico del país en nombre de una «soberanía» que parece más un capricho que una necesidad. En un mundo globalizado, la cooperación y el respeto a los acuerdos internacionales son fundamentales para el desarrollo y la prosperidad de cualquier nación. Insistir en lo contrario no es solo una muestra de terquedad, sino de una peligrosa miopía que podría costarle caro a México.
