Ciudad de México, 20 de agosto de 2024 — En su ya característico estilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado polémica al referirse al paro de labores que han iniciado los trabajadores del Poder Judicial en 28 estados del país. Según el mandatario, la huelga no solo es ilegal, sino que, en su opinión, podría ser beneficiosa para evitar que jueces, magistrados y ministros dejen en libertad a delincuentes, tanto del crimen organizado como de cuello blanco.
“Han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no dejen libres a delincuentes”, afirmó López Obrador, minimizando la gravedad del paro que ha movilizado a miles de trabajadores en todo el país.
El presidente también insinuó que su administración no intervendrá en el conflicto, dejando la responsabilidad de cualquier sanción en manos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Sin embargo, mostró preocupación por un expediente que contempla 25 mil millones de pesos, subrayando su interés en que ese tema específico no quede estancado.
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) informó que el 85.6% de los juzgadores votaron a favor de la suspensión de actividades, una acción que podría tener serias implicaciones en el sistema de justicia del país.
Este conflicto surge en medio de la controversia por la reforma constitucional al Poder Judicial, la cual propone que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, una medida que ha sido duramente criticada por expertos en la materia, quienes advierten sobre el riesgo de politización del sistema judicial.
El paro, que se ha extendido en 28 estados, amenaza con paralizar las funciones esenciales del Poder Judicial, un hecho que López Obrador ha tratado de desestimar, pero que podría tener repercusiones profundas en la impartición de justicia en México.
