Ciudad de México.- En un movimiento que ha desatado una tormenta política, dos jueces federales han ordenado la suspensión de la discusión y aprobación de la controversial Reforma Judicial en la Cámara de Diputados, que estaba prevista para la próxima semana. Este golpe a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador no solo detiene su avance, sino que también impide su envío a los estados para ratificación, en caso de que hubiera sido aprobada.
En la noche del sábado, la Cámara de Diputados informó que su área jurídica había recibido notificaciones de dos juzgados de distrito que ordenan la suspensión de la reforma. Estos amparos, promovidos por jueces de Chiapas y Morelos, paralizan de manera temporal cualquier avance en la reforma que ha polarizado al país.
La orden más contundente provino del Juzgado Quinto de Distrito en Cuernavaca, Morelos, donde la jueza Martha Eugenia Magaña López resolvió frenar el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 26 de agosto. Esto significa que la reforma no podrá ser discutida ni votada por la Cámara de Diputados en la sesión programada para este domingo. La jueza fue tajante: la Cámara deberá acatar la suspensión en menos de 24 horas, so pena de cometer un delito equiparable al abuso de autoridad, lo que llevaría a su notificación al Ministerio Público.
Este freno judicial se mantendrá, al menos, hasta el 4 de septiembre, fecha en la que se celebrará la audiencia incidental para decidir si la medida cautelar sigue en pie. Aunque el Congreso y el Ejecutivo aún tienen la posibilidad de recurrir esta decisión, el daño político ya está hecho.
El abogado Luis Eliud Tapia Olivares explicó que la resolución no es definitiva y puede ser impugnada ante un Tribunal Colegiado, que podría revocar o confirmar la suspensión. Sin embargo, este proceso judicial ha añadido una nueva capa de incertidumbre a una reforma que ya estaba bajo fuego.
El origen de esta intervención judicial se encuentra en un grupo de jueces federales que, temiendo por sus puestos de trabajo, promovieron el juicio de amparo. Alegan que la reforma los cesaría sin derecho de audiencia ni indemnización, violando principios básicos de justicia y seguridad laboral. La jueza Magaña, al conceder la suspensión, consideró que el impacto de la reforma sería devastador, no solo en términos legales, sino también psicológicos y económicos para los afectados.
Esta suspensión no solo representa una pausa en el avance de la reforma, sino un desafío frontal al gobierno de López Obrador, que ha visto cómo su estrategia legislativa enfrenta obstáculos cada vez más grandes. La batalla judicial apenas comienza, pero ya ha dejado en claro que el camino hacia la aprobación de la Reforma Judicial será largo y lleno de controversias.
