El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, se enfrenta a una serie de denuncias graves presentadas por el Cabildo ante la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas. Regidores y síndicos exigen que el Congreso del Estado lo destituya, acusándolo de haber ejercido el poder público de manera ilegal durante 14 días, además de nombrar personas en su gabinete sin contar con la ratificación del Cabildo, lo cual constituye un delito de usurpación de funciones.
Las acusaciones: Ejercicio indebido del servicio público
El conflicto escaló cuando Gattás Báez, en una sesión de Cabildo el 1 de octubre, no logró la ratificación de los funcionarios municipales que pretendía mantener en sus cargos. A pesar de ello, decidió unilateralmente que ninguno de los integrantes de su equipo sería removido, incluyendo al secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez. En una rueda de prensa sin preguntas permitidas, Gattás afirmó: «He tomado la decisión de no solicitar la remoción de ninguno de los funcionarios que me han acompañado en estos tres primeros años de mi gobierno».
Sin embargo, esta decisión, según el equipo legal del Cabildo, viola el Código Municipal de Tamaulipas. La fracción VI del artículo 38 establece que la «usurpación o uso indebido y sistemático de atribuciones» es una causal clara para la suspensión o revocación del cargo de un miembro del ayuntamiento. Además, la fracción IX del artículo 49 señala que es facultad exclusiva del ayuntamiento nombrar y remover a los servidores públicos.
¿Qué implica la decisión de Gattás?
La falta de ratificación de los funcionarios por parte del Cabildo significa que cualquier nombramiento posterior a la conclusión del periodo gubernamental anterior es nulo, lo que convierte las decisiones de Gattás en actos ilegales. De acuerdo con el análisis jurídico presentado, los cargos designados como trabajadores de confianza debían haber sido ratificados por el nuevo Cabildo, algo que el alcalde ignoró.
No solo Gattás está bajo la lupa legal. Las personas que aceptaron los nombramientos también serán consideradas responsables de no cumplir con los requisitos legales, conforme al artículo 209 del Código Penal del Estado. Este artículo especifica que «comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales».
¿Qué sigue para Gattás?
El proceso ahora se dirige hacia el Congreso del Estado, donde se espera que se discuta la posible suspensión o destitución de Eduardo Gattás Báez. Mientras tanto, la síndico Lili García Fuentes ha sido designada como la representante legal para recibir y gestionar las notificaciones de la denuncia.
Este conflicto pone en evidencia una vez más las tensiones y las acusaciones de corrupción que han marcado la administración de Gattás, quien ya enfrenta una opinión pública cada vez más crítica. Si el Congreso actúa conforme a las pruebas presentadas, el destino del alcalde podría cambiar drásticamente, marcando un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Tamaulipas.
El futuro de Ciudad Victoria queda en manos de las autoridades judiciales y legislativas, quienes deberán decidir si este es el principio del fin para Eduardo Gattás como alcalde.
