Ciudad de México.- El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, lanzó severas críticas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que ésta determinara analizar la validez de la reforma judicial, calificando al máximo tribunal como «faccioso». La Corte, en una votación dividida con ocho votos a favor y tres en contra, aceptó el trámite para revisar las consultas de jueces y magistrados que buscan frenar la reforma impulsada por el Ejecutivo.
Durante su intervención en la sesión del Senado, Fernández Noroña aseguró que la SCJN está usurpando funciones y colocándose por encima del Poder Legislativo, que, como constituyente permanente, tiene la atribución de reformar la Constitución. “Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía”, expresó el senador morenista, quien reiteró que la elección popular de jueces se llevará a cabo en 2025, «lo quiera o no la Corte».
El pronunciamiento de Noroña llega en un momento de tensión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una Corte que ha asumido un papel más activo en la defensa de la independencia del Poder Judicial. Este choque de poderes pone en el centro del debate la autonomía judicial y el respeto a los contrapesos institucionales que garantizan el equilibrio democrático en México.
Por su parte, varios ministros de la SCJN defendieron su capacidad para velar por la constitucionalidad de las reformas y la independencia del Poder Judicial, argumentando que la revisión de estas reformas es un derecho inherente del tribunal. La ministra Ana María Ríos Farjat subrayó que «la Corte tiene la facultad de resolver cualquier controversia que afecte al Poder Judicial», mientras que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá defendió el papel del tribunal para garantizar el estado de derecho.
Con este enfrentamiento, el debate sobre la reforma judicial y la posible elección popular de jueces se intensifica. El discurso de Noroña, a favor de una mayor intervención política en el nombramiento de jueces, abre un nuevo frente en la lucha por el control de uno de los pilares fundamentales de la democracia: la independencia judicial.
Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo evoluciona este conflicto entre los poderes del Estado y qué impacto tendrá en el sistema judicial y político de México.
