Durante todo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el manejo de los recursos destinados a la atención de desastres naturales estuvo marcado por la opacidad y la simulación. De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las Cuentas Públicas, miles de millones de pesos asignados a estos fondos cruciales no se ejercieron y fueron devueltos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), desviándose posteriormente a las obras insignia del gobierno, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
El Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue eliminado al inicio del sexenio, dejando a México sin un mecanismo que permitía la acumulación de dinero año con año para emergencias. Lo que quedó fueron tres programas: Fonden, Fopreden y el extinto fideicomiso, los cuales sumaban 41 mil millones de pesos en 2019. Al finalizar el sexenio, esa cantidad se redujo drásticamente a 13 mil 500 millones, lo que evidencia la falta de prioridad del gobierno en la atención y prevención de desastres naturales.
Año tras año, la historia fue la misma: el presupuesto aprobado para estos fondos no fue gastado, y los recursos fueron devueltos al final del ejercicio fiscal. En 2021, por ejemplo, se asignaron más de 8 mil millones de pesos al Fonden, pero ni un solo peso fue utilizado para la atención de emergencias. El patrón se repitió en 2022 y 2023, con miles de millones reasignados a las grandes obras del gobierno, una realidad que incluso fue admitida por legisladores de Morena.
A pesar de que la SHCP reportó inversiones en seguros de catástrofes y reconstrucción de infraestructura, los detalles sobre estas acciones son vagos y carecen de transparencia. Mientras tanto, desastres como el reciente huracán John en Acapulco evidencian la falta de recursos y preparación del país para enfrentar catástrofes. Con 22 muertos y zonas devastadas, la inacción del gobierno queda expuesta en medio de una crisis que exige respuestas inmediatas.
El desvío de recursos a megaproyectos, en lugar de su uso en emergencias, pone en duda la capacidad del Estado para enfrentar futuros desastres. En un país vulnerable a fenómenos naturales, la falta de preparación no solo es una irresponsabilidad, sino una sentencia para miles de mexicanos que podrían perderlo todo en la próxima catástrofe.
