El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por abrumadora mayoría —469 votos a favor y una abstención— un dictamen que busca establecer un sistema de adquisición de vivienda a bajo costo, acompañado de un innovador esquema de rentas con opción a compra para trabajadores. Esta reforma, que modifica diversas fracciones del artículo 123 de la Constitución, tiene como objetivo garantizar que las empresas de todos los sectores proporcionen viviendas cómodas e higiénicas a sus empleados, según lo determinen las leyes reglamentarias.
La iniciativa fue aplaudida por la mayoría de los legisladores como un paso hacia la justicia social. Con este sistema, se prevé que los trabajadores podrán acceder a créditos baratos y suficientes para adquirir o mejorar sus viviendas. Además, podrán invertir sus recursos en la construcción de su propio hogar, o bien, arrendarlo en términos fijados por la ley, con la posibilidad de adquirirlo después de un periodo de diez años de arrendamiento.
Las viviendas ofrecidas en arrendamiento social por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) serán accesibles para los empleados que lleven al menos un año cotizando en dicho organismo. Se estipula que la mensualidad no podrá superar el 30% del salario del trabajador, lo que asegura que este esquema no comprometerá la economía de las familias.
A pesar de las celebraciones, algunos legisladores expresaron preocupación. La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, criticó que la reforma carecía de un análisis exhaustivo e ignoraba a ciertos sectores de la sociedad. También advirtió sobre los riesgos de otorgar mayores facultades al Infonavit sin tener claridad sobre cómo se manejarían las carteras vencidas, lo que podría generar inestabilidad financiera en el futuro.
Por su parte, la diputada del PRI, Laura Ivonne Ruiz Moreno, destacó que el reto principal será ampliar la disponibilidad de viviendas en zonas conurbadas, donde hay una mayor demanda, y evitar la paradoja de tener casas abandonadas mientras miles de personas carecen de un hogar.
En medio del debate, se presentaron 199 reservas a la reforma, de las cuales dos fueron aprobadas. Estas modificaciones, presentadas por legisladores de Morena, suprimieron la obligatoriedad de que los trabajadores puedan adquirir una vivienda después de diez años de arrendamiento, dejando esta disposición en manos de leyes secundarias que definirán las condiciones de compra.
Además, se otorgaron nuevas facultades al Infonavit, permitiéndole adquirir terrenos y construir viviendas, pero limitando el acceso a estos créditos únicamente a los trabajadores derechohabientes. Mientras el gobierno promete que esta reforma mejorará el acceso a viviendas dignas, los sectores empresariales y algunos legisladores insisten en la necesidad de reglas claras y una mayor planificación para evitar posibles problemas de implementación.
Este dictamen marca un hito en la política de vivienda en México, pero su impacto dependerá en gran medida de la ejecución de las leyes secundarias y de cómo el Infonavit gestione los nuevos desafíos que enfrentará al expandir sus operaciones.
