Tras una larga sesión, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó el levantamiento del paro laboral que afectaba al Poder Judicial desde hace semanas. El organismo emitió la circular 23/2024, en la cual instruye que los trabajadores deben reincorporarse a sus labores a partir del jueves 24 de octubre, advirtiendo que aquellos que no cumplan con esta disposición enfrentarán descuentos en sus salarios.
En el documento, el CJF subraya que los titulares de cada área estarán obligados a aplicar controles de asistencia y cumplir con las normativas administrativas correspondientes, con el fin de garantizar el funcionamiento óptimo del sistema judicial. “Las áreas administrativas deberán aplicar la normativa vigente al personal que no asista a laborar», señala la circular, poniendo en alerta a los empleados que aún se nieguen a regresar a sus puestos.
La decisión de levantar el paro no estuvo exenta de tensiones internas. El acuerdo fue aprobado con los votos de los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez. Sin embargo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, junto con los consejeros Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez, votaron en contra de la medida, marcando una clara división dentro del CJF.
Adicionalmente, el Consejo ordenó al coordinador de Seguridad que brinde apoyo a magistrados y jueces para garantizar el acceso seguro a los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación, en caso de ser necesario.
Este movimiento ocurre en un contexto donde diversas tensiones han emergido entre trabajadores del Poder Judicial y el gobierno federal, particularmente en torno a la reforma judicial en curso y los recortes presupuestales. La decisión de retomar las actividades busca restablecer la impartición de justicia en el país, aunque algunos sectores consideran que la medida no aborda las causas subyacentes que llevaron al paro.
A pesar del mandato del CJF, el regreso a la normalidad podría enfrentar resistencia entre algunos trabajadores que exigen mejores condiciones laborales y han señalado los problemas de recursos en los tribunales.
