Ciudad Victoria, Tamaulipas – La corrupción que permea en el gobierno de Tamaulipas continúa siendo un tema candente y preocupante. En un reciente anuncio, Eduardo Govea Orozco, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE), reveló que se está tras la pista de diez “objetivos prioritarios”, incluyendo exalcaldes y funcionarios, por su posible vinculación con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta declaración, aunque sugiere un avance en la lucha contra la corrupción, deja en evidencia la tardanza de las autoridades en abordar este problema crónico que ha desgastado la confianza ciudadana. Govea Orozco afirmó que, en conjunto con la Contraloría Gubernamental, se revisa el patrimonio de funcionarios de administraciones pasadas y presentes para detectar casos de enriquecimiento inexplicable. Sin embargo, ¿por qué esperar hasta ahora para actuar?
La UIFE ha abierto 86 carpetas de investigación derivadas de denuncias del Gobierno del Estado, pero queda claro que estas acciones no son suficientes ante la magnitud del problema. Las indagatorias actuales se centran en datos acumulados durante cinco años, lo que plantea serias interrogantes sobre la inacción de administraciones anteriores. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Acaso los intereses políticos y las redes de complicidad han impedido una acción más decidida?
Govea Orozco destacó que las indagatorias no han llegado a cuentas en el extranjero, lo que sugiere que los hallazgos podrían estar limitados a activos locales. Esto podría ser un indicativo de que muchos culpables continúan eludiendo la justicia, protegiéndose detrás de complejas estructuras financieras que les permiten ocultar sus verdaderos patrimonios.
Es alarmante que en un estado donde la corrupción se ha convertido en un fenómeno estructural, las autoridades todavía dependen de información que, en su mayoría, proviene de años de inacción. La ciudadanía tamaulipeca no puede seguir esperando resultados en esta guerra contra la corrupción; necesita acciones concretas y rápidas que devuelvan la confianza en sus instituciones.
La administración de Américo Villarreal Anaya, a pesar de su promesa de cambio, parece arrastrar el pesado lastre de una corrupción institucionalizada que requiere medidas drásticas y una limpia profunda institucional para ser erradicada.
