La solicitud de revocación de mandato contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, revela la inconformidad que algunos sectores ciudadanos han expresado ante la creciente violencia y falta de respuesta para controlar la situación en ciertas regiones de la entidad. El incremento en los hechos delictivos ha llevado a ciudadanos, empresarios y agrupaciones locales a cuestionar la efectividad de Rocha Moya en sus tres años de gestión, señalando la necesidad de tomar acciones para mejorar la seguridad en el estado.
En respuesta, Rocha Moya minimizó el movimiento en su contra y cuestionó la capacidad de los solicitantes para recabar las más de 200,000 firmas necesarias para que proceda la consulta de revocación. En un tono irónico, ofreció incluso «ayuda» para que los ciudadanos logren reunir las firmas requeridas, subrayando que la iniciativa de revocación de mandato fue propuesta originalmente por su gobierno.
Antecedentes y Procedimiento Legal
El proceso de revocación está contemplado por la ley estatal, permitiendo que la ciudadanía convoque a consulta después del tercer año de mandato, siempre y cuando se cumplan requisitos específicos de participación en al menos 11 municipios del estado. Este es un proceso complejo y requiere de un esfuerzo considerable en la organización para su viabilidad.
Escándalo y Supuesto Vínculo con el Narcotráfico
La situación de seguridad en Sinaloa es crítica, y las controversias no se limitan a la gestión del orden público. Se han difundido acusaciones sobre supuestos diálogos entre el gobernador Rocha Moya y figuras del narcotráfico, como Ismael «El Mayo» Zambada, lo cual ha generado aún más descontento entre la ciudadanía. Aunque estas alegaciones carecen de pruebas contundentes, han contribuido a la percepción de que la administración estatal no ha logrado establecer un entorno seguro y confiable.
