En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que su estrategia contra la inseguridad no incluirá una «guerra contra el narco», afirmando que dicha guerra implica un «permiso para matar». Sin embargo, la realidad del país parece contradecir sus palabras: en los primeros 10 días de su administración, México ha registrado 566 homicidios, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La violencia no ha dado tregua, especialmente en estados como Sinaloa, donde los cárteles tienen a los ciudadanos sitiados por el miedo a quedar atrapados en medio del fuego cruzado.
La presidenta ha enfatizado que su plan se basa en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación. Pero para los ciudadanos de Sinaloa, que viven encerrados por el temor a la violencia, estas promesas parecen insuficientes. En Culiacán, donde los enfrentamientos entre los cárteles de los Chapitos y los Mayitos han paralizado a la población, la necesidad de acción inmediata es evidente.
Sheinbaum ha insistido en que la solución a largo plazo radica en evitar que los jóvenes se sumen a las filas del crimen organizado mediante programas sociales. Sin embargo, esta estrategia no alivia el pánico diario que sienten los habitantes de las zonas más afectadas. La ciudadanía no puede esperar años para que estos programas surtan efecto mientras la violencia sigue cobrando vidas.
La reciente captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada ha desencadenado una ola de violencia en Sinaloa, no necesariamente por la participación de jóvenes mal orientados, como sugiere la estrategia oficial, sino por la lucha de poder que se vive entre los cárteles. ¿El gobierno está preparado para enfrentar este reacomodo del crimen organizado sin caer en la tentación de «pactar» con ellos? El propio gobernador de Sinaloa admitió en una entrevista que era necesario pactar con el narco. Ahora que la violencia ha escalado, ¿no es sospechoso que ese pacto parece haber sido roto?
La estrategia de Sheinbaum se enfrenta a retos aún mayores. Mientras las fuerzas armadas, a quienes se ha delegado la responsabilidad de ejecutarla, están involucradas en violaciones a derechos humanos, como el asesinato de seis migrantes en Chiapas, la violencia criminal tampoco cede. ¿No es este operativo militar un ejemplo claro de que hay sectores del Estado con «permiso para matar»? El uso desproporcionado de la fuerza y la impunidad con la que se manejan estos casos solo revelan la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país.
A esto se suma el brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, cuyo cuerpo fue decapitado y expuesto a plena luz del día, en un claro mensaje de desafío por parte del crimen organizado. Estos primeros 10 días de gobierno han estado marcados por una violencia escalofriante que exige respuestas más allá de las soluciones de largo plazo.
La violencia en México no es simplemente un asunto de jóvenes desorientados o de causas profundas que deben ser atendidas. Es una violencia estructural, de macrocriminalidad, en la que agentes del Estado están involucrados a diferentes niveles. La estrategia de seguridad del gobierno debe reconocer esta realidad y actuar en consecuencia, o el «permiso para matar» seguirá en manos del crimen organizado, mientras el Estado permanece impotente ante su avance.
