En Guerrero, ejercer el cargo de alcalde se ha convertido en una sentencia de vulnerabilidad o incluso de muerte. A pocas semanas de haber asumido la presidencia municipal de Cuajinicuilapa, Hildeberto Salinas Mariche abandonó su cargo y solicitó licencia, huyendo de un municipio acosado por asesinatos, ataques y mensajes de terror del crimen organizado. Salinas no es el único: en San Nicolás, la alcaldesa Tarsila Molina Guzmán también huyó, uniéndose a una alarmante lista de funcionarios que abandonan sus cargos para salvar sus vidas.
La violencia se ha intensificado con una frecuencia y brutalidad inéditas en el estado. A principios de octubre, el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue asesinado, sumando otro nombre a la lista de funcionarios municipales caídos. Arcos apenas comenzaba su gestión y ya enfrentaba la sombra de amenazas, incluyendo el asesinato de su secretario de Seguridad y del secretario general del ayuntamiento. La manera en que fue ultimado y exhibido evidencia el descontrol del crimen y la incapacidad del gobierno para frenar esta ola de sangre.
Los alcaldes de Guerrero no solo son blancos, sino piezas clave dentro del tablero de los grupos criminales que se disputan el poder. La región de La Montaña fue escenario del asesinato de Acasio Flores Guerrero, alcalde de Malinaltepec, cuyo cuerpo fue encontrado luego de haber sido golpeado y ejecutado. En Copala, la reciente elección también fue marcada por la violencia; el alcalde electo, Salvador Villalba Flores, fue asesinado antes de asumir el cargo, supuestamente por conflictos con el grupo criminal conocido como Los Rusos.
La situación es aún más sombría en Taxco y Tecpan, donde las organizaciones criminales prácticamente gobiernan. La Familia Michoacana mantiene un control casi absoluto en Taxco, donde durante el mandato del exalcalde Mario Figueroa Mundo, la ciudad vivió una era de terror en la que la extorsión y la imposición de precios en productos básicos eran la norma. En Tecpan, el recién formado Grupo Nueva Generación irrumpió violentamente, exigiendo la renuncia de la alcaldesa Alba Soberanis Hernández, a quien acusaron de llegar al cargo con el respaldo de un grupo rival.
Esta dinámica evidencia una alarmante realidad: Guerrero parece ser un estado fallido en el que el crimen ha permeado todos los niveles de gobierno, utilizando la violencia como su principal herramienta de negociación. Ante esta crisis, la población queda atrapada en un conflicto de poder donde los alcaldes, que deberían ser protectores y gestores del bienestar local, se encuentran en una guerra que no pueden ganar.
